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“Hay un Movimiento Cromañón, y es el de los que tratamos de cambiar la realidad para que no mueran más pibes.” Quien sostuvo esta definición no fue uno de los deudos de los 194 jóvenes que hace seis años murieron en el incendio del boliche sino uno de los que, ayer, fueron invitados a hablar desde el escenario montado en Plaza de Mayo. La presencia de los amigos de Luciano Arruga –secuestrado y desaparecido en 2009–; de los deudos del incendio en la discoteca Kheyvis –hace 17 años, tan parecido a Cromañón–; de Martín Castellucci –asesinado en el boliche La Casona–; de Ezequiel Ferreyra –niño muerto por su trabajo esclavo en una empresa avícola–; de Mariano Ferreyra –militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre–, esas y otras presencias tienen cosas en común: las víctimas son jóvenes y los deudos atribuyen sus muertes a la complicidad corrupta entre empresarios o corporaciones y agentes de poderes municipales, provinciales o nacionales en un marco de impunidad. “Agradezco a la familia Cromañón por haberme adoptado”, dijo una de las oradoras, caracterizando así este movimiento donde (una vez más en la Argentina) los dolores más íntimos se abren a una dimensión política. Y, en un estremecimiento, la misma oradora concluyó: “El duelo Cromañón es el que no se elabora más”.
Desde las 19.46, en Plaza de Mayo, varios deudos se turnaron para nombrar a los 194 muertos el 30 de diciembre de 2004 en el incendio del boliche Cromañón; y, luego de cada nombre, “¡Justicia!”, gritaban todos. También se dijeron los nombres de los 15 padres y los cuatro sobrevivientes fallecidos desde entonces. Estaban presentes la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y partidos de izquierda.
Los Familiares, Sobrevivientes y Amigos de Cromañón se abrieron a la participación de otros deudos. Así, una integrante del Grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga recordó “su desaparición, secuestro y asesinato por la Policía Bonaerense, con connivencia del Poder Judicial y político. Fue hace dos años, y los ocho policías responsables están libres para hacer lo mismo con otros pibes”. El padre de Leandro, uno de los fallecidos en la discoteca Kheyvis, hace 17 años, recordó “la responsabilidad de los inspectores municipales de Vicente López, que en vez de ser castigados fueron ascendidos. Ya la causa prescribió, pero seguimos luchando por una vida mejor para nuestros jóvenes”.
“Hay un Movimiento Cromañón, que es el de los que tratamos de modificar la realidad para que no mueran más pibes”, dijo un familiar de Martín Castellucci, asesinado en 2006 por un vigilador, a la vista de la policía, en el boliche La Casona de Lanús. “Agradezco a la familia Cromañón por haberme adoptado”, dijo la mamá de Nicolás Vázquez, su hijito recién nacido que habría muerto por negligencia de los profesionales y complicidad institucional y judicial. Ella definió lo que llamó “el duelo Cromañón: es el que no se elabora más”.
Nelson Aguirre, uno de los baleados en el ataque que, el 20 de octubre, costó la vida de Mariano Ferreyra, recordó que “Mariano estuvo en decenas de movilizaciones de los familiares de Cromañón”, y sostuvo que fue “muerto por un pacto del Gobierno, la policía y la burocracia sindical”. Gustavo Vera, de la cooperativa La Alameda, hizo presente la muerte de Ezequiel Ferreyra, el nene de siete años que murió presumiblemente por efecto de tóxicos “en el marco de su trabajo esclavo para la empresa Nuestra Huella, que tiene relación política con el intendente de Pilar”, y recordó “el incendio del taller clandestino en la calle Luis Viale, en 2006, donde murieron seis personas y no hay nadie preso”.
Se leyó luego el “Documento de familiares, sobrevivientes y amigos, a seis años de la masacre de Cromañón”, que denuncia “la connivencia corrupta entre el Estado y empresarios”. Señala al entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra: “El juicio político, garantizado por la movilización de familiares, sobrevivientes y amigos, demostró su responsabilidad”. Pero también “el gobierno de Macri sostiene las mismas estructuras corruptas y es responsable por el derrumbe en el pub Beara. La lógica Cromañón impera en nuestro país”.
El documento exige “que en 2011 se juzgue y condene a Juan Carlos López, secretario de Seguridad de Ibarra, y a Rafael Levy, el empresario corrupto dueño de Cromañón”. Y advierte que “los derechos humanos no son una estrategia de marketing político sino que se ejercen y defienden cada día, como hizo nuestra gran amiga Adriana Calvo”, que presidió la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y falleció el 12 de diciembre pasado. Los deudos de Cromañón mencionan también a “Luciano Arruga y Rubén Carballo (cuya muerte, hace un año, tras un recital de Viejas Locas en Vélez, se vincula con la Policía Federal), a Diego Bonnefoi y Guillermo Traffiñanco, muertos por la policía de Río Negro; el Chami Fernández, adolescente quemado en una comisaría de General Pico, y Mariano Ferreyra, en manos de la patota sindical. Todos jóvenes”. Y piden “esclarecer la desaparición de Julio López”.
La jornada se había iniciado con la inauguración de la muestra de fotos Historias de Cromañón (ver página 30); luego, el obispo Jorge Lozano había oficiado una misa en la Catedral. Después del acto en la Plaza, todos se encaminaron por Avenida de Mayo hacia Once, encabezados por una gran bandera argentina con las fotos de las 194 víctimas. Los acompañaban también unos murgueros que bailaban con esa alegría triste del fin del año. En Bartolomé Mitre al 3000, a las 22.57, hora en que empezó el incendio, estaba por efectuarse el último acto de la jornada.
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