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Una jueza porteña ordenó el desalojo de las precarias casillas instaladas sobre la vereda de las calles Riestra y Portela, en el Bajo Flores, junto a un predio que pertenece al club Argentinos Juniors y al campo de deportes de un colegio privado. El desalojo debía realizarse el lunes último pero, por distintas razones, las fuerzas de seguridad no lo ejecutaron y ahora la medida quedó suspendida, ante la apelación del defensor oficial. Lo que pretende la Defensoría es que se realice previamente una audiencia de mediación entre los damnificados y el Gobierno de la Ciudad, de manera que queden garantizados sus derechos. Ahora es la Cámara de Apelaciones la que debe resolver la situación.
La orden de la jueza Amanda Alvaro, con fecha del viernes pasado, disponía que el desalojo se ejecutara el lunes 21. Fue impartida a la Policía Metropolitana, a la Federal y a Gendarmería. Según pudo saber Página/12, la Policía Federal adujo “razones operativas” para no hacer efectiva la medida, en tanto que desde el Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré se rechazaron sendos pedidos para que intervengan la Gendarmería y la Prefectura. Desde el gobierno porteño no explicaron por qué no intervino la Metropolitana.
Según consta en el expediente judicial, al que accedió Página/12, la ocupación de las veredas sobre la calle Riestra, entre Lafuente y Portela, se produjo en la noche del 24 de noviembre último, una semana antes de la toma del Parque Indoamericano. En el lugar fueron construidas 166 casillas, pero con el tiempo algunas fueron abandonadas y al momento de realizarse un relevamiento judicial, sólo 70 estaban habitadas. En tanto, el último censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social porteño arrojó que habitaban el lugar 49 familias.
El pedido de desalojo fue realizado pro el fiscal Sebastián Salomone, con el respaldo del adjunto de la fiscalía general, Luis Cevasco. Argumentaron que los ocupantes habían usurpado el espacio público (veredas y calles) y que habían “utilizado como medio la violencia” al hacer perforaciones en el pavimento y en los muros perimetrales para colocar los parantes que sostienen las casillas.
Según los fiscales, además del espacio público, resultaron afectados los predios de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, el Instituto Cultural marianista, y los clubes DAOM y de la Fuerza Aérea.
Los abogados de la Procuración General de la Ciudad respaldaron el pedido de desalojo. En cambio, el defensor oficial, Javier de la Fuente, solicitó una audiencia de mediación previa a la resolución del desa-lojo, y el Ministerio Público Tutelar pidió que se le concediera vista del expediente, para emitir un dictamen. Ambos reclamos fueron denegados por la jueza.
Al disponer el desalojo, la jueza ordenó la intervención del programa “Buenos Aires Presente”, la Guardia de Auxilio y Emergencia del Gobierno de la Ciudad, el SAME, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Ente de Higiene Urbana, además de las fuerzas de seguridad. También estableció que el desalojo se haga en horario diurno, que se identifique a los policías intervinientes y se realice la filmación del procedimiento.
El defensor oficial apeló. Argumenta que al rechazar su intervención “se vulnera el derecho a la defensa” de los posibles imputados. También consideró que no está configurado el delito de usurpación, dado que no se trata de una propiedad privada, sino que sería una “ocupación indebida del espacio público originada en la situación de emergencia habitacional y de extrema pobreza que padecen las personas cuyo desalojo se solicita”.
En ese sentido, De la Fuente considera que el Poder Ejecutivo, en lugar de recurrir a la Justicia penal, debe apuntar a la “reubicación de las familias involucradas, garantizando el acceso a una vivienda digna”.
Con ese argumento, insistió con su solicitud de convocatoria a una audiencia de mediación y la urgente suspensión del desalojo ordenado.
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