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Seis directivos de la multinacional semillera Southern Seeds Production (SSP) comenzaron a ser indagados ayer por la Justicia federal de San Nicolás, acusados por las pésimas condiciones laborales y la explotación infrahumana que sufrían los trabajadores golondrina que trabajan en sus campos de San Pedro. Según fuentes judiciales, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tenía pautado tomar declaración al presidente, al vicepresidente y a cuatro directores de la empresa SSP. Todos ellos ya habían pedido, y conseguido, la eximición de prisión.
Los seis directivos fueron acusados por el fiscal de San Nicolás Rubén Giagnorio por el delito de trata de personas, luego de que se descubriera que los peones eran llevados engañados desde Santiago del Estero a campos de desflore de maíz y una vez allí eran sometidos a jornadas laborales de 12 horas. De las precarias condiciones de alojamiento se dieron pruebas en este diario: no tenían luz ni baños y dormían hacinados en carpas de lona. El caso fue elevado a la Justicia federal por Giagnorio.
Uno de los hechos por los que fueron interrogados los directivos es lo ocurrido en la estancia La Luisa, en San Pedro, donde fueron rescatadas 69 personas el 4 de enero pasado. Durante el allanamiento fueron demorados uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, y cuatro capataces, quienes quedaron luego en libertad. También fueron allanados otros dos campos de la empresa semillera La Esperanza, de San Pedro, donde había 143 peones rurales, y La Julieta, de la localidad de Capitán Sarmiento, donde se encontraban 184 personas trabajando en condiciones de reducción a la servidumbre.
El abogado de SSP Mario Bentolila dijo ayer que “los trabajadores están todos legalmente registrados y sus salarios están por encima del convenio sindical”, o sea, 110 pesos por jornada de ocho horas. Por hechos similares son investigadas las multinacionales Satus Ager y Nidera. En el caso de SSP, los directivos fueron acusados del delito de trata de personas por la fiscalía federal de San Nicolás, luego de revisar los libros de socios y accionistas de las empresas, que darían cuenta de que ninguno era ajeno a las prácticas de explotación que se daban en los campos que administraban.
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