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Allanamiento. Entró la policía y las mujeres retroceden. Los hombres las separan, las interrogan. Ellas están de pie, contra la pared, les tiemblan las piernas. Los hombres les revisan las cosas personales, hay alguna risa obscena, alguna cachetada. Les quitan los celulares, les quitan el dinero, se llevan sus documentos, les hacen firmar quién sabe qué. “Nos tratan como a perros”, resume la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar); según la entidad, estos procedimientos se incrementaron en las últimas semanas en la zona de La Plata, con intervención de la Policía Bonaerense y la Gendarmería, en el marco de acciones que estarían destinadas a combatir la trata de personas. Ammar propuso “trabajar en conjunto en la capacitación del personal que interviene en esos operativos, pero para eso deberían reconocer que tenemos saberes”, dijo la titular de la entidad, que el año pasado fue premiada por la ONU.
“Una serie de violentos allanamientos se sucede, desde hace más de 15 días, en la zona de La Plata –dice el comunicado de Ammar—. En dos oportunidades, intervinieron fuerzas policiales y Gendarmería, ocasiones en las que se llevaron los celulares de las trabajadoras, computadoras y sus ahorros personales que hasta el momento no han sido restituidos”, denunció la Ammar, y precisó que “los allanamientos tuvieron lugar en el centro de La Plata y en el barrio de Tolosa. El pasado fin de semana sucedió lo mismo en bares y boliches en la Ruta 2, Ruta 44, El Peligro y Etcheverry”. Ammar viene alertando que, “bajo la excusa de combatir la trata de personas, se violan los derechos de las trabajadoras sexuales”.
Soledad Díaz, titular de Ammar La Plata, señaló que “en los allanamientos, a las pibas las separan como si fueran ellas las delincuentes, las empiezan a insultar, les retienen pertenencias personales como notebooks, celulares, sus ahorros. Muchas chicas son extranjeras, van juntando el dinero que cada mes giran a sus familias en Paraguay, en Perú. Se aprovechan de que ellas no conocen sus derechos y aceptan órdenes como ‘Firmá acá si te querés ir’ o ‘Esto lo llevamos’. ¿Cómo puede ser que les quiten los documentos?”. “Estamos hablando de compañeras mayores de edad, que trabajan para sobrevivir; hay que saber diferenciar lo que es trabajo sexual de lo que es trata”, agregó.
“A esto se agregan –continuó Díaz– las violencias que debemos soportar en la provincia de Buenos Aires por aplicación del artículo 68 del Código Contravencional, que todavía no se ha derogado y castiga a la trabajadora sexual ‘que dé ocasión a escándalo’. Hemos tenido casos de compañeras que fueron detenidas tres veces en dos semanas por ‘averiguación de antecedentes’. Para dejarlas salir les hacen firmar lo que quieren y terminan metidas en otras causas.”
Según precisó Gastón Fingermann, abogado de Ammar, “sabemos que en procedimientos efectuados en Tolosa participaron fuerzas policiales y la Gendarmería. Maltratan a las chicas, las han golpeado y no han devuelto hasta ahora los celulares y sus ahorros que les sustrajeron. Aun cuando estos bienes quedaran consignados a la causa, no les serían devueltos si no presentan escritos y hacen trámites que muchas de ellas no saben o no se atreven a hacer”.
Elena Reynaga, secretaria general de la Ammar, advirtió que “situaciones parecidas se dieron también recientemente en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos siendo tratadas como perros. El 96 por ciento de las trabajadoras sexuales tienen familias que sostener. ¿Cómo se permiten robarles los celulares a las chicas? ¿Eso es luchar contra la trata? ¿Alguien puede creer que si fueran víctimas de trata les permitirían usar celular? No puede ser que el personal de seguridad siga abusando de trabajadoras sexuales mayores de edad”.
La Ammar solicitó una entrevista con Nilda Garré, ministra de Seguridad: “Sentémonos a dialogar y encontremos la mejor forma de capacitar a las fuerzas de seguridad para que actúen respetuosamente en los procedimientos –pidió Reynaga–. Nosotras conocemos de estas cosas mejor que nadie, podríamos trabajar en conjunto; pero para eso deberían reconocer que tenemos saberes”. El año pasado, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas obtuvo el premio Lazo Rojo, otorgado por Onusida, por sus “extraordinarios esfuerzos en términos de innovación, impacto, sensibilidad de género e inclusión social” en la respuesta al sida.
La titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, Zaida Gatti, explicó a este diario que “entre el viernes 15 y el sábado 16, se efectuaron procedimientos en la zona de La Plata con intervención de Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense. Ni el personal policial ni los profesionales de mi equipo que trabajaron allí informaron sobre situaciones por fuera de los parámetros normales, pero pueden haber sucedido cuando no estábamos presentes”.
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