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Aunque, a más de dos años de su desaparición, no se sepa nada sobre Luciano Arruga, sus familiares y amigos obtuvieron una respuesta afirmativa que confirma todas sus sospechas respecto del rol protagónico de la policía en este caso: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se comprometió a cerrar el destacamento policial de Lomas del Mirador y les cederá el inmueble para que abran un centro cultural y social. Esto ocurrió luego del encuentro que mantuvieron con el funcionario, el juez de la causa y la fiscalía, acompañados del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. “Ese destacamento siniestro se inauguró en 2008, al año desaparecen un chico, desaparecieron un cuerpo y se sucedieron más y más irregularidades para tapar eso –dijo Vanesa Orieta, hermana de Arruga, a Página/12–. Por lo tanto decimos que no tenía razón de existir, fue la base de operaciones de la comisaría 8ª y funcionaba mal como tal, así que esa promesa debía cumplirse.”
Orieta se refiere a que el intendente Espinoza les había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa. En el encuentro que tuvieron el lunes pasado, del que también participó el presidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, Pablo Pimentel, los abogados de la familia explicaron que se abrió una causa paralela a la que investiga la desaparición de Luciano. “Fueron los mismos testimonios que involucran a policías bonaerenses en graves hechos de violencia, y todo conduce a lo que venimos denunciando: que la policía tuvo que ver con la desaparición de mi hermano”, dijo Orieta. Les dijeron al intendente que en ese expediente hay dos uniformados procesados, y que aún falta averiguar si los desplazaron o no de la fuerza. Ante esto, Espinoza dio su palabra de que cerrará el destacamento y abrirá en su lugar un centro cultural. “Dijo que seguirá manteniendo el alquiler de esa casa, y nuestra idea es crear un espacio de la memoria, y que podamos seguir con las actividades que estamos haciendo en donde vivía Luciano con su mamá”, comentó la joven. En enero, Orieta había relatado a este diario que en esa vivienda habían armado “un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela”. Y destacó que lo hacían como un homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, “para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, para decirles a los padres que hay que hacer algo porque lo que le pasó a Luciano les puede pasar a sus hijos”.
Luciano Arruga fue visto por última vez moribundo en el piso de ese destacamento de Lomas del Mirador. Hace poco más de dos años, cuando su hermana salió a reclamar por su desaparición, recordaba que el destacamento había nacido al calor de los reclamos de algunos vecinos por “mano dura” y mayor presencia policial, fogoneados por la agrupación Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Cóppola. Según los familiares de Luciano, los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento que está a punto de ser desmantelado. Allí estuvo Luciano Arruga en dos oportunidades: el 22 de septiembre de 2008, cuando lo golpearon ante la vista de su hermana y su mamá, y el 31 de enero de 2009, cuando desapareció. Dos testigos aseguran haberlo visto moribundo tirado en el piso. Y según el libro de actas, esa noche había ocho policías de guardia.
El mismo día que el intendente Espinoza renovó su promesa, habían tenido un encuentro con la fiscal Celia Cejas, del que no participó la fiscal general Patricia Ochoa. “Le pedimos acelerar tiempos de investigación, al menos intentar desplazar a los ocho policías que aún están en funciones; nos parece tremendo que a más de dos años sigan como testigos en la causa”, dijo la hermana de Luciano. También se reunieron con el juez de la causa, Gustavo Banco, a quien le insistieron con que “asuma el compromiso de tomar las decisiones que tenga que tomar en la causa, teniendo en cuenta las pruebas que hay”. Según Orieta, viene manteniendo diferencias con el magistrado respecto de la importancia de las pruebas del expediente, en especial los testimonios de los detenidos de la comisaría 8ª y el peritaje con perros que confirmó que Luciano pasó por el destacamento. “Siempre fuimos atendidos de manera más dura, pero con la presencia de Alfredo (Pérez Esquivel) hubo un clima más relajado, algún intercambio de ideas”, comentó. Página/12 le preguntó cuáles fueron las respuestas de los funcionarios judiciales sobre la falta de resultados en la investigación. “Tienen una forma muy jurídica de dar respuestas y manejan tiempos que no tienen nada que ver con una causa en la que hay un desaparecido, tiempos larguísimos. La fiscal dice que cuando agarró la causa, investigó a los policías; pero antes otra fiscal la durmió durante 45 días. Pasó demasiado tiempo, recién ahora se están haciendo pericias importantes, no sólo porque faltó decisión, a nosotros también nos faltaban recursos”, respondió.
Hace unas semanas, los familiares y amigos de Arruga volvieron a denunciar que siguen recibiendo amenazas. “Mientras la causa principal siga siendo por ‘averiguación de paradero’, como si Luciano estuviera vivo, y los policías sospechados sigan en funciones, nosotros debemos soportar las amenazas, porque esas personas sienten que tienen la libertad de amedrentar”, se lamentó Vanesa Orieta.
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