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Un año alcanzó para que alrededor de 3000 parejas de personas del mismo sexo, que antes lo tenían vedado, pudieran convertirse en matrimonios con todas las de la ley. Desde su promulgación hasta ahora, el matrimonio igualitario sancionado en la madrugada helada del 15 de julio del año pasado fue usado en todas las provincias del país, sin excepción. Las organizaciones de la diversidad sexual estiman que, en su gran mayoría (el 60 por ciento), las parejas que eligieron formalizar sus relaciones estuvieron constituidas por varones. Además, registros informales llevados adelante por ONG del colectivo LGBT llevan registradas poco menos de 200 familias comaternales, con hijos e hijas, en toda Argentina. A pesar de lo amenazantes que fueron las posiciones contrarias a la nueva definición del matrimonio civil durante el debate, la aplicación de la ley no debió sortear escollos en la práctica. La igualdad de derechos en el Registro Civil es una realidad que cumple sus doce primeros meses.
Durante las primeras semanas de vigencia, de la mano de campañas opuestas a los derechos de la diversidad encabezadas por sectores del fundamentalismo religioso, en algunas provincias hubo intentos tímidos de desconocer la ley. En Mendoza, la gobernación había autorizado la creación de un registro de funcionarios “objetores de conciencia” a casar parejas del mismo sexo; por ilegal, debió ser desactivado. En La Pampa, una jueza de paz dijo rebelarse ante lo “contrario a la ley de Dios” y pretendió no casar nunca a parejas LGBT; debió ceder porque su rol de funcionaria la impelía a cumplir la ley civil del Estado. También con tibieza, un caso similar acaeció en Santa Fe. Pero lo demás fue cumplimiento de la ley y parejas que, especialmente en los primeros tiempos de aplicación del nuevo matrimonio, tenían 10, 20, 30 años de relación y lograban lo que nunca habían imaginado.
Lo importante del año que transcurrió es que “la implementación efectiva de la ley demostró que no hubo problemas graves ni denegatorias de aplicación en ninguna provincia”, evalúa Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT. En donde parecían presentarse escollos, “actuaron organizaciones de la diversidad y organismos del gobierno, y eso destrabó las situaciones. El balance es positivo, porque tiene que ver con que muchas de las cosas que se habían dicho durante el debate, con los hechos y la implementación concreta, se fueron desmontando”.
Los dichos habían sido numerosos, y mientras eran enunciados, incomprobables. Algunas de esas ideas habían comenzado a circular luego de que, al terminar diciembre de 2009, Alex Freyre y José Di Bello contrajeran matrimonio en Tierra del Fuego. Quienes agitaban la oposición en el Congreso aseveraban que era una “ley del puerto”, exclusivamente demandada por el colectivo LGBT de Buenos Aires. “Y este año demostró que no era sólo necesidad del puerto, sino de todo el país”, acota Paulón. Los números le dan la razón: ni una sola provincia dejó de aplicar el matrimonio igualitario. Donde más bodas se celebraron fue en la provincia de Buenos Aires (980 casamientos), una jurisdicción a la que siguen la ciudad de Buenos Aires (715), Santa Fe (270), Córdoba (235) y Mendoza (170). De momento, la menor cantidad de matrimonios se registró en La Rioja y Tierra del Fuego, con siete ceremonias cada una; le siguen, en el ranking de menos recurrentes a la ley, Corrientes, San Juan y Catamarca, todas jurisdicciones con nueve casamientos. La provincia donde más tardó en aplicarse fue Jujuy: recién al comenzar diciembre de 2010 una pareja formalizó su relación; eran mujeres, quisieron preservar sus identidades.
Puesto a recordar otros presuntos peligros, Paulón enumera: “Tampoco se produjo un caos jurídico ni hay matrimonios o familias con menos derechos. Al contrario, hay 3000 parejas que tienen derechos que antes no tenían”. Una tradición, sin embargo, sí empezó a desarmarse, lentamente: “Está cambiando socialmente la percepción sobre la homosexualidad. Se nota en el aumento de visibilidad de las parejas jóvenes, y no sólo en Buenos Aires”.
La ley también impactó sobre las familias. “Resolvió buena parte de los inconvenientes de la vida cotidiana, y sentó precedentes para resolver la situación de las parejas y las familias, independientemente de su estado conyugal”, dice la activista Florencia Gemetro, de Lesmadres, una entidad “de acción política” de “familias de lesbianas madres y futuras madres”. Las primeras inscripciones de niños y niñas nacidos con posterioridad a la sanción del matrimonio igualitario son, en ese sentido, la punta de lanza.
Pero “queda un enorme trabajo por delante, de cara a construir ciudadanía”, acota Gemetro. A las mesas de trabajo con programas dependientes del Ministerio de Salud, la incidencia sobre el último censo poblacional (al procesar los datos, ya no se tomará como inconsistencia a las parejas integradas por personas del mismo sexo) y la inclusión de contenidos vinculados con la diversidad sexual en materiales del Ministerio de Educación, entre otras cuestiones ya existentes, se suman necesidades todavía en marcha.
“Es necesario lograr el reconocimiento igualitario de todos los niños y las niñas que nacieron antes de la ley, y de todas nuestras familias, más allá de la orientación sexual o de la identidad de género de sus integrantes o el estado civil de sus madres”, señala Gemetro.
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