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La decisión de la Presidenta de prohibir la publicidad de avisos con oferta sexual nos pone efectivamente frente a un acontecimiento, desde el punto de vista que supone un sentido de ruptura o transición frente a lo habitual que estaba sucediendo. El carácter disruptivo de esta decisión generó un gran debate y corrientes de apoyo, también de críticas y judicialización de la medida.
El alcance del decreto es amplio: no sólo prohíbe el rubro 59 (que es como se presenta en el diario Clarín) sino que alcanza a todos los medios gráficos, radiales y televisivos, además de todo tipo de propaganda de oferta sexual. En los fundamentos del decreto se citan tres leyes de reciente sanción: la Ley contra la Trata de Personas (26.364), la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Por esta razón queda claro que no sólo está dirigido a combatir la trata de personas sino también a contribuir con la erradicación de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas, especialmente la mediática.
Durante largos años, desde el movimiento de mujeres se han reclamado medidas contra los avisos de comercialización sexual de las mujeres, marcando la violencia que supone la cosificación y el tratamiento como un objeto, muchas veces diseccionada en sólo una parte del cuerpo. Saludamos que por primera vez se toma una medida contra esta forma de violencia mediática contra las mujeres. Entendemos que deberá ser parte de un conjunto de políticas integrales que avancen en el combate a todas las formas de violencia mediática y otras, tal cual definen las leyes citadas y los tratados firmados por nuestro país.
Desde muchas voces de la oposición se puso el acento en lo insuficiente de la prohibición de avisos con oferta sexual para combatir la trata de personas. Ahora bien, nadie supone que este delito complejo pueda erradicarse con una sola medida, ni esto se desprende del anuncio, ni de la redacción de la norma. Tampoco suponemos que es la única forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Pero que su alcance sea parcial no reduce la importancia sustantiva de esta decisión.
Otras críticas señalan que coartaría la libertad de expresión y la libre opción de estilos de vida, así lo explica el amparo judicial presentado por el director del diario Río Negro, que solicita se deje sin efecto el decreto hasta tanto la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo. El abogado que patrocina al diario en esta demanda contra el Estado es casualmente el mismo que representa al Grupo Clarín en la causa de Papel Prensa. Fue clara la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay cuando al conocer la medida, previo a la demanda judicial, señaló que “no estamos frente a una opinión sino a la venta de una mercancía prohibida”. En algunos países se dejaron de publicar los avisos de oferta sexual a partir de un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y las empresas de comunicación. Todavía estamos lejos en nuestro país de que la responsabilidad social empresaria ponga en juego perder algunos dineros para ganar como sociedad. Por eso es tan importante la decisión política, la participación y la presencia activa del Estado.
Una fuerte crítica realizaron las compañeras de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), quienes remarcaron que esta decisión no combate la trata de personas y que, por el contrario, clandestiniza aun más su actividad. En contra de esta afirmación hay evidencias suficientes de que la inmensa mayoría de los avisos que se publican no corresponde a personas que individualmente ejercen la prostitución, sino que por detrás está el proxeneta y, en muchos casos, la trata encubierta. Además, en ningún caso esta medida supone una condena ni una acción en contra de las mujeres que ejercen la prostitución.
Por eso este decreto es un acontecimiento. Porque viene a sacudirnos y a decir, señoras y señores, esto que leemos y miramos cotidianamente está mal porque viola los derechos humanos de las personas, porque discrimina y promueve formas de explotación y de violencia. Esta decisión no sólo supone un efecto concreto, prohibir la publicación de avisos de oferta sexual, sino un impacto del orden simbólico, que es aun mayor. El camino a recorrer es largo, pero como la utopía que nos ayuda a caminar, sentimos que ya dimos un paso más.
* Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Género (CTA).
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