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Los dos bonaerenses de la comisaría 4ª de Mar del Plata, Roberto Bouzada y Samuel Lanza, acusados de abrir causas fraguadas y el jefe del que dependían en el Gabinete de Prevención de curiosos métodos, Gastón Guzmán, fueron “desafectados de la fuerza”, tal como lo indicó el jefe departamental marplatense, Lorenzo Velázquez, para facilitar la labor de la Justicia. No especificó Velázquez en qué consistía la medida, que no figura como tal en la ley orgánica policial. El fiscal general Fabián Fernández Garello designó a Eduardo Amavet, de la Fiscalía de Delitos Económicos, para investigar el caso. El camino elegido no será el más corto, pero es lento: Amavet solicitará a cada juzgado y fiscalía marplatense que hurgue en sus archivos en busca de otros casos donde se repitan los nombres, pero a tres días de actuación no allanó la comisaría que reúne todos los expedientes de sus operativos. Ninguno de los consultados por este diario recibió notificación alguna, pero ya habían iniciado la búsqueda a pulmón de la memoria de sus empleados y del endeble sistema informático. Al menos otros dos nuevos casos despuntaron de ese modo.
El juez de Garantías Juan Tapia, tal como informó Página/12, había descubierto que dos policías de la comisaría cuarta abrieron una causa por robo de autos en jurisdicción de otra comisaría y sin que existiera denuncia previa de que dichos autos fueran robados, es decir que la causa no era legal. La actitud de los testigos y el nombre de uno de ellos llevaron al juez a curiosear hasta detectar que existían al menos seis casos en que los mismos policías intervenían por denuncias de los mismos cuatro vecinos que se iban alternando como víctimas o testigos para fundamentar con sus discursos y quejas los allanamientos que se iban solicitando a fiscales y jueces.
Que uno de esos vecinos haya participado en el foro de seguridad de la comisaría 4ª y los otros estuvieran vinculados habla a las claras que la fórmula para reclamar mano dura exige motivos previos, y que si la realidad no los provee hay que proveérselos a la realidad.
El Foro Municipal de Seguridad, con algo de susceptibilidad temática, salió a polemizar con la denuncia del juez y trazó una línea divisoria: “Los foros de seguridad ni ninguno de sus miembros individualmente se encuentran involucrados en esa causa penal (la iniciada por Tapia), destacando además que no está constituido el foro de seguridad de la comisaría 4ª”. La nota mostraba preocupación porque la difusión periodística de la denuncia involucraba en algunos casos, genéricamente, a todos los foros de seguridad, lo que provocaba, según los forenses, “mucha incertidumbre en la sociedad”. “Las versiones periodísticas están causando estragos”, sostiene el texto, lo que en algunos casos no está alejado de la realidad. De todos modos, la respuesta mostró un dejo de susceptibilidades heridas: la carta, más que al juez, fue dirigida al gran escenario buscando impacto porque fue colgada en Facebook; y en ningún momento el texto se pregunta por la incertidumbre que puedan generar allanamientos truchos con fuerzas del Estado.
Más allá de esas quejas, este cronista supo de al menos dos causas más que fueron detectadas a fuerza de la memoria voluntariosa de empleados y funcionarios. No fueron abiertas en el juzgado de Tapia, sino en otros, lo que abre las puertas a la posibilidad de que existieran maniobras más amplias que las imaginadas inicialmente.
Los uniformados “desafectados” Roberto Bouzada y Samuel Lanza solicitaron anticipadamente un pedido de excarcelación. El juez de Garantías Gabriel Bombini, que lleva desde ayer la causa con el fiscal Amavet, deberá responder al pedido. Previo a ello debe analizar la denuncia de Tapia y calificar provisoriamente en qué tipo de delitos incurrieron como para poder responder. Con las pruebas presentadas inicialmente, se presume que el magistrado podría otorgar la excarcelación. Pero todo depende de las nuevas pruebas que se puedan sumar en lo inmediato, si la memoria voluntaria de fiscales, jueces, funcionarios judiciales y empleados consigue desempolvarlos. No es posible determinar la capacidad de profundidad del equipo de Asuntos Internos que investigará las actuaciones policiales, y será difícil contar con los pulmones de la comisaría 4ª, ya prevenida.
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