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El edificio del ex Patronato de la Infancia, en San Telmo, de donde hace ocho años fueron desa-lojadas decenas de familias y en el que, tras un trabajo de restauración, funcionará el Centro Cultural de España en la Ciudad de Buenos Aires (Cceba), volvió a ubicarse en el centro de la polémica. Es que la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, a cargo de los trabajos de recuperación del edificio, ha convocado a un concurso internacional de proyectos, pero tanto en la redacción de las bases como en la selección de las propuestas no participarán ni el Gobierno de la Ciudad ni arquitectos argentinos: todo el proceso se desa-rrollará en España y estará a cargo de funcionarios de ese país. La situación generó el rechazo de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), que convocó a sus socios a no presentarse en el concurso, cuyo cierre está previsto para el 20 del corriente. Desde el Cceba argumentan que el concurso se hace bajo la legislación española, que no admite otra participación en las decisiones que no sea la del Estado ibérico. Sin embargo, han ofrecido a la SCA la participación de un arquitecto argentino para intervenir, como asesor, en la selección de la mejor iniciativa.
El edificio del ex Padelai, construido entre 1887 y 1930 para albergue de niños huérfanos o sin familia, quedó deshabitado en 1978 por disposición del intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore. En 1984 fue ocupado por familias sin techo, las que fueron desalojadas en un violento operativo en 2003. El edificio, ubicado en Humberto I y Balcarce, fue expropiado por la Legislatura en marzo de 2008, y cinco meses después se aprobó un convenio para cederle el edificio, por 30 años, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del gobierno de España, para su recuperación edilicia y el funcionamiento, allí, del Centro de Cultura de España en Buenos Aires.
“En principio, la idea era hacer un concurso con la participación de la Sociedad Central de Arquitectos. Pero como consecuencia de la crisis económica que afecta a España, el gobierno decidió convocar a un contrato de servicios de arquitectura, de manera de garantizar la continuidad del proyecto”, explicó a Página/12 Ricardo Ramón, director del Cceba. “De acuerdo con la legislación española, la convocatoria y la selección deben quedar en manos de técnicos del Estado español –agregó–, de manera que excluye la intervención de cualquier asociación privada.”
El presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Enrique García Espil, advirtió que la convocatoria “no cumple con las leyes locales de contratación”, ya que “las presentaciones no son anónimas, se priorizan los antecedentes y el precio por sobre el proyecto, y no hay jurados en representación de los participantes”. También objeta que “se ha fijado un plazo excesivamente corto para la presentación de los trabajos” y que “no participaron profesionales locales en la elaboración de las bases”. “Por todo eso consideramos que el llamado no ofrece garantías de fallo ecuánime para los participantes”, dijo García Espil a Página/12.
Las gestiones de la SCA llegaron hasta la Embajada de España, donde el titular de la representación diplomática, Rafael Estrella, recibió el reclamo de García Espil, quien concurrió acompañado por el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi. “Si la obra se hace en la Ciudad de Buenos Aires, en un predio que pertenece a la Ciudad, donde funcionará una sala del Museo del Cine y un Centro de Interpretación del Casco Histórico, es lógico que en la redacción de las bases participen funcionarios del Gobierno de la Ciudad y representantes de los arquitectos”, dijo García Espil a este diario.
El director del Centro Cultural de España de Buenos Aires, consultado por Página/12, explicó que en la redacción de las bases “fue contemplada la legislación de la Ciudad de Buenos Aires y, antes de la convocatoria, fueron consultadas las autoridades del área de Patrimonio Histórico” del gobierno porteño, quienes “dieron su aprobación”.
Ramón fue categórico al defender la exclusividad que el gobierno español se atribuye en la evaluación de los proyectos: “Se trata de una inversión de entre 7 y 8 millones de euros, dinero público de España”, dijo. Y advirtió que se cambió la modalidad de concurso internacional por la del contrato de servicios, para darle mayor seguridad jurídica a su continuidad. “Por la crisis, se han caído todos los proyectos de la Agencia de Cooperación en América latina, salvo éste.”
Con todo, el funcionario español aclaró que las negociaciones no están cerradas. “Hemos propuesto a la SCA y al Gobierno de la Ciudad que envíen a un representante cada uno para participar como asesores en la evaluación de las propuestas. Y también podemos hablar sobre una postergación de la fecha, como pide la SCA”, dijo.
En el gobierno porteño prefirieron no opinar sobre el conflicto. “Estamos tratando de que se llegue a un acuerdo”, se limitó a decir un vocero a este diario. Por el momento, la Sociedad Central de Arquitectos ha solicitado a sus asociados que no participen en el concurso. Lo mismo hizo la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, entidad nacional que reúne a las asociaciones locales.
El director del Cceba relativiza los alcances de esa medida. “Ya hay muchos estudios españoles que se han contactado con arquitectos argentinos para trabajar juntos el proyecto. Porque para dirigir la obra no pueden venir a instalarse a Buenos Aires, no dan los costos”, aseguró Ramón.
–¿Y si la Sociedad Central de Arquitectos decide no enviar un representante para la evaluación e los proyectos? –preguntó este diario.
–Convocaremos a otros, a través de la Universidad de Buenos Aires.
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