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Paula “Poli” Toledo tenía 19 años cuando fue brutalmente asesinada, en la madrugada del 31 de octubre de 2003, en San Rafael. Las pericias forenses determinaron que la adolescente, de condición humilde, fue salvajemente violada y torturada con quemaduras de cigarrillo, y que la muerte fue causada por la violencia del acceso carnal vía anal, sumada a maniobras de presión en su cuello ejecutadas por parte de sus agresores. El homicidio conmocionó en su momento a la localidad mendocina y se lo recuerda como uno de los casos policiales más resonantes del lugar en la última década. Hubo marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso, y un primer juicio contra cuatro imputados –tres de ellos menores de edad entonces– que terminó con absoluciones por el beneficio de la duda y que luego fue anulado por la Corte provincial. A casi ocho años del femicidio de Poli, su crimen todavía sigue impune.
La tenacidad de la madre de la adolescente, Nuri Ribota, y de su abogado querellante, que tomó el caso para ayudarla, Arturo Juri, consiguió que se realizara un segundo juicio. Comenzó el 8 de agosto y está a cargo del Tribunal Penal de Menores de San Rafael. Pero en lugar de cuatro imputados hay sólo uno sentado en el banquillo de los acusados: Marcos Federico Graín, de 32 años, quien no fue juzgado en el primer juicio porque estaba prófugo. Graín, señaló Juri, es hijo de un guardiacárcel. Fue encontrado en 2007 en Misiones. Los otros tres imputados, los hermanos Alejandro y Víctor Echegaray e Iván Gauna –todos ellos menores de edad al momento del crimen– presentaron un recurso para ser exceptuados del juicio con el argumento de que no pueden ser juzgados dos veces por una misma causa. El planteo fue aceptado por el Tribunal, que decidió archivar la causa en la que se los absolvió en el juicio que se llevó adelante en 2006. Pero la querella apeló y la Corte provincial tiene que resolver.
“Esa presentación no tiene valor porque los tratados internacionales indican que sólo alcanza para las sentencias firmes, pero la de ellos no lo estaba”, señaló a este diario Juri. También apeló el fiscal del caso, Norberto Jamsech. Para Juri en el primer juicio había pruebas para condenarlos, que no fueron correctamente valoradas por el Tribunal. El cuarto imputado en el primer juicio, Andrés Maravilla (único mayor de edad al momento del crimen), fue absuelto de culpa y cargo en aquella ocasión.
La acusación que pesa sobre Graín es “abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte”, la misma que alcanzaba a los otros tres, que ahora quedaron fuera del segundo juicio. “Desde el primer momento la policía, ya sea por falta de medios, por impericia o en forma intencional no toma las muestras de sangre que quedan en la tierra, en el descampado en el que fue encontrado el cadáver. Cuando el cuerpo llega al médico forense Francisco Talío, el material –sangre y semen– es descartado porque no estaba en condiciones para ser tomado como prueba. El cuerpo de la adolescente, incluso, es lavado y luego enterrado”, contó a este diario Teresa Oliveri, ex integrante de la APDH local, quien viene acompañando el reclamo de justicia de la mamá.
De todas formas, la querella considera que hay elementos suficientes –declararon alrededor de cincuenta testigos en el segundo juicio– para condenar a Graín. “Hay un testimonio fundamental: el de Cristian Torres, que declaró en el juicio anterior y en éste. Relata quiénes fueron los autores. Se lo cuenta el imputado. Declaró hace una semana”, contó Juri. Torres era amigo de Graín. Según la querella, Graín habría llevado a Toledo en la noche del 30 de octubre a una casa abandonada del barrio El Sosneado, del Instituto Provincial de la Vivienda, donde solían juntarse jóvenes a beber y fumar marihuana. Allí se habrían encontrado con los otros adolescentes. Ese habría sido el escenario del brutal ataque sexual cometido contra la adolescente, que incluyó torturas con quemaduras de cigarrillo, de acuerdo con las pericias forenses, y que derivó en su muerte. Mañana están previstos los alegatos ante el tribunal conformado por Isidro Peña y dos miembros de otras cámaras, Ariel Hernández y Rodolfo Luque. La querella pedirá la pena máxima que disponía el Código Penal en el momento del hecho para ese delito y que es de 25 años (luego fue modificado y se elevó a prisión perpetua). Y espera poder llevar a los otros tres jóvenes finalmente a juicio.
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