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Dos oficiales de la policía de Formosa quedaron detenidos, imputados por el crimen de Roberto López, un integrante de la etnia qom, ocurrido el 23 de noviembre del año pasado durante la represión a la comunidad La Primavera que reclamaba por sus tierras. El juez que entiende en la causa, en la que también se investiga la muerte del policía Héber Falcón, basó la imputación en los peritajes balísticos realizadas por Gendarmería. También están imputados 24 integrantes de la comunidad, por atentado a la autoridad, mientras que sobre el representante qom Félix Díaz pesa una acusación “por instigación a cometer delito”. Además, fuentes de la investigación sostuvieron ante Página/12 que trabajan sobre la hipótesis de que López habría provocado la muerte de Falcón. Díaz criticó la judicialización del reclamo por las tierras y apuntó que “históricamente” se acusó “al indio que defiende sus derechos de ser el malo de la película”.
El sábado pasado, el titular del Juzgado Nº 2 de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, dispuso la detención del oficial principal Gustavo Coronel y el oficial inspector Orlando Paredes, únicos dos imputados del lado policial. El magistrado sostuvo las imputaciones por homicidio en las pericias balísticas que practicó Gendarmería sobre los proyectiles que impactaron en Roberto López. Según dejaron trascender desde el juzgado, la propia policía reconoció que para el desalojo de la ruta 86, donde los qom mantenían un corte desde hacía cuatro meses en reclamo de tierras, se dispusieron cien cartuchos calibre 12.70, pero cuatro no fueron devueltos al finalizar la represión. Los propios compañeros de Coronel y Paredes los habrían señalado a éstos como los agentes que portaron las armas que llevaban las municiones faltantes.
Enterado de las detenciones, Félix Díaz prefirió ser cauto. Para el dirigente qom, las imputaciones a los policías “no son tan contundentes”, ya que Coronel y Paredes “no son los policías que condujeron el operativo” ni quienes mandaron a reprimir a sabiendas de que la fuerza contaba con balas de plomo. Una fuente cercana a Garzón le confió a este diario que por ahora el juez “no tiene pensado avanzar sobre los jefes policiales y las autoridades políticas”.
Por su parte, los indígenas tienen 24 imputados. Menos Díaz, que quedó bajo la figura de “instigación a cometer delito”, el resto de los originarios, detenidos esa jornada, tiene una imputación por “atentado a la autoridad a mano armada”. La acusación a los qom obedece a que mujeres y hombres, acompañados de abuelos y niños, resistieron el intento de desalojo, aunque iniciada la represión se dispersaron. Los qom buscaban mantener el corte de la ruta 86, donde se manifestaban por la restitución de 1300 hectáreas. Esos terrenos fueron usurpados por una familia terrateniente, que tenía previsto cederlos al gobierno de Formosa para construir un instituto universitario.
Tras la represión, los qom llevaron sus reclamos a la ciudad de Buenos Aires, donde acamparon durante cinco meses a la espera de respuestas del gobierno nacional. Tras varios intentos de diálogo frustrados, el inicio de una mesa de diálogo en mayo descomprimió la situación, aunque el tema de fondo, que es la restitución de las tierras, está lejos de solucionarse.
La carga más dura contra la comunidad recaería sobre el fallecido Roberto López, a quien ya no se le puede imputar delito. Desde el juzgado señalaron a este diario que el qom asesinado “sería potencial responsable de la muerte de Falcón”, aunque no dieron precisiones sobre cuáles son las pericias en las que se basa esa hipótesis.
Ante esta postura de la Justicia, Díaz dijo que “hay que remitirse a la historia argentina”. “Siempre el indio es el salvaje e inhumano que mata por placer. Siempre fuimos los malos de la película y los policías son víctimas, que justifican cualquier ataque a quien defiende la vida.”
Informe: Leonardo Rossi.
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