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Cuando los asaltantes avanzaron sobre Jorge Pereyra, dueño de un bingo y de caballos de carrera en San Isidro, el 5 de agosto pasado, no imaginaban la nutrida respuesta de su familia. Mientras la mujer les tiraba con una pistola desde la ventana de la casa y llamaba al 911, el hijo aplastaba con su 4x4 el auto de la banda. Dos fueron detenidos y uno logró escapar. Los medios informaron en aquel momento de la sorpresa que se llevaron los policías que llegaron más tarde: dentro del auto encontraron esposas, gorras y placas policiales, además de armas y un celular. Ayer, aquella sorpresa quedó relativizada: detuvieron al jefe de la Policía Distrital de San Isidro, el comisario Raúl Papa, acusado de encubrir a los asaltantes.
El asalto frustrado ocurrió la madrugada del viernes 5 de agosto. Pereyra, de 70 años, empresario del negocio de los juegos de apuesta, llegaba a su casa de Tomkinson al 3300, en las Lomas de San Isidro. Cuando abría el portón intentaron asaltarlo. No esperaban lo que era lógico, que la familia estuviera atenta a probables asaltos. La mujer desde la ventana comenzó a disparar contra los ladrones con una Magnum .357, y el hijo, que llegaba con su 4x4 Grand Cherokee, apuntó sobre el Mercedes, apretó el acelerador y le dejó la puerta izquierda bastante más cerca de la puerta derecha.
Dos de los asaltantes fueron detenidos. Un tercero escapó a la carrera. En aquel momento, los investigadores deslizaron que creían que había más hombres de apoyo (ayer se comprobó que estaban en lo cierto). En el interior del Mercedes encontraron gorros de la Bonaerense, juegos de esposas y placas policiales, una patente de un auto robado, dos equipos de comunicación con frecuencia policial y un celular que terminaría siendo, según la acusación, la punta del iceberg. El teléfono registraba entrecruzamiento de llamadas con el número del comisario Papa.
Además de Papa, fueron apresados por el hecho un ex policía bonaerense identificado como Eduardo Vivas, exonerado en 2007, y un civil llamado Diego Romero, quien es novio de una sobrina de la víctima y está acusado de ser el “entregador”. Los investigadores a cargo del fiscal Patricio Ferrari aseguraron tener pruebas suficientes de que ambos, con la complicidad de Papa, formaron parte de la banda.
Efectivos de la Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro avanzaron en la investigación y realizaron varias intervenciones telefónicas que permitieron establecer que Vivas habría mantenido vínculos con Papa, por lo que se solicitó la detención del comisario. “De las escuchas surgió que Papa le avisaba a Vivas de todo lo que hacía la DDI y la fiscalía y que les apuntaba a otros sospechosos para desviar la investigación”, explicó una fuente. La sospecha es que Papa “liberó” convenientemente la zona antes del asalto.
Papa fue designado en el período del ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli. Llegaba con el equipo de Salvador Baratta, ex segundo hombre de la Bonaerense, dado de baja por el actual ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, en febrero pasado. La caída de Papa tuvo lugar, curiosamente, un día después de que Baratta declarara en el juicio contra el Rey del Corte, Elbio Fernández. En su declaración, Baratta hizo ruido: apuntó hacia arriba cuando describió la corrupción policial y las zonas liberadas y sostuvo que el negocio del corte de autos requiere de protección policial (aunque no quedó en claro por qué no había denunciado lo mismo cuando llegó al segundo puesto en el poder de la fuerza piramidal). Un día después de la audiencia por lo del Rey del Corte, Raúl Papa fue detenido por un delito excarcelable, con el mismo argumento que se había utilizado en la audiencia.
Ayer, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, celebró la detención, mostró preocupación por hechos semejantes y especialmente hizo todo lo posible por despegarse del ex jefe de la Distrital. “La designación de jefes policiales –aclara pedagógicamente en un comunicado la Municipalidad de San Isidro– es exclusivo resorte de las autoridades provinciales competentes. San Isidro nunca ha solicitado o sugerido nombres para la designación de comisarios o jefes para que ocupen cargos en el ámbito jurisdiccional del municipio”. Y agrega: “Sin embargo, San Isidro ejerce el derecho legítimo de exigir su reemplazo en caso de incompetencia en cuanto al cumplimiento de las leyes y normas fijadas para el desempeño de la policía de la Provincia de Buenos Aires”. Las fuentes municipales sin nombre pusieron todo el esfuerzo por resaltar, en la información mediática, que desde hacía varios meses que se venía advirtiendo sobre “una sucesión de hechos similares con un mismo ‘modus operandi’” por lo que se vieron obligados a realizar “presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal, respecto de indicios de ineficiencia o inacción policial ante el delito”. Desde el ministerio, Casal también se apresuraba a informar que dadas las denuncias y las investigaciones, pasaba a disponibilidad al ex jefe distrital y ordenaba la intervención de Asuntos Internos.
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