La situación actual del contrato de concesión de los subterráneos de Buenos Aires plantea distintos aspectos a resolver. Por un lado, el traspaso a la órbita de la Ciudad del control y fiscalización del servicio y —consecuentemente— la participación del Ente Regulador en este proceso. Por el otro, la existencia de una renegociación que trajo aparejado un relajamiento en el cumplimiento de la calidad de la prestación y de las obras.
Cabe recordar que el gobierno nacional decidió, en 1999, la transferencia de la fiscalización y control del servicio que presta la empresa Metrovías en los subterráneos al ámbito de la Ciudad, hecho que fue avalado por la Legislatura mediante la sanción de una ley. Pero esta decisión no se tradujo en la práctica en una actitud más activa de parte del Ejecutivo porteño. De hecho, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sigue ejerciendo el poder de control y fiscalización del subte cuando en realidad es el Ente de la Ciudad, creado por la Constitución local, el que debería realizar esa tarea.
Este aspecto legal resulta relevante, dado que todo plan de obras destinado a subterráneos es definido en la actualidad por el Estado nacional. Cuando se produce la devaluación, a comienzos de 2002, se renegocian los contratos que ya estaban estipulados y se redefinen obras. Allí se decide terminar con lo que estaba en curso a través de los fondos que se encontraban disponibles, se deduce deuda del Estado con el concesionario y se define un nuevo plan. Lo destacado es que en ese nuevo plan no se prevén obras para discapacitados.
La empresa Metrovías debió construir molinetes especiales que no se hicieron, pero la discontinuidad de las reformas que faciliten el acceso a los subterráneos de personas con discapacidad, renegociación mediante, depende de una decisión que debería asumir la Ciudad y que, sin embargo, ha quedado en manos del Estado nacional. En este sentido, también deben mencionarse como falencias la merma en la calidad de la prestación (relacionada fundamentalmente con la frecuencia del servicio) y las quejas de los usuarios respecto a ruidos, temperatura y ventilación, aspectos que están directamente relacionados con el programa de inversiones a realizar.
Todo ello pone de manifiesto una marcada ausencia de los mecanismos de control. Y es en ese marco que la Ciudad no solo no ejerce el control, sino que tampoco participa en el proceso de renegociación de los contratos. Es decir, se deja en manos del ejecutivo nacional una atribución que ya le fue otorgada al gobierno porteño y que éste no asume, privando al Ente de la Ciudad de velar por la calidad de este servicio.
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