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Tras doce años de litigio, el buque-casino Estrella de la Fortuna anclado en el puerto de Buenos Aires deberá permitir los controles e impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión fue tomada ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al igual que la Procuración nacional, consideró una “grave irregularidad” el tiempo de vigencia de las medidas cautelares por un conflicto que había dejado de existir. Es que en 2003 los gobiernos de la Ciudad y la Nación acordaron pautas para regular los juegos de azar, pero la medida cautelar interpuesta por la empresa no fue modificada. “Encima, la demanda original estaba referida a las habilitaciones y el funcionamiento del barco, no estaba planteado el tema tributario pero se incluyó en la cautelar”, recordó ayer el legislador porteño Aníbal Ibarra.
Tal como señala la procuradora adjunta Laura Monti, la causa comenzó en 1999 cuando el capitán del barco, Luis Alberto Giachino, planteó una “acción declarativa de certeza” sobre quién tenía jurisdicción sobre su emplazamiento, si el gobierno local o el nacional. El casino flotante había sido licitado durante el gobierno de Carlos Menem y la medida cautelar dictada en primera instancia por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal 7 frenó a la posibilidad de inspeccionar el lugar y cobrar ingresos brutos a la embarcación y al casino montado adentro.
En 2003, el Estado nacional, a través de Lotería Nacional y el Instituto de Juegos y Apuestas porteño, suscribieron un convenio para terminar con la controversia. El acuerdo fue ratificado por decreto del gobierno nacional y por votación de la Legislatura porteña. Allí se dispone la prohibición de permitir nuevos casinos ni bingos ni tragamonedas y también la competencia porteña en la verificación de que se cumplan las normas locales en materia de habilitaciones.
Además, Lotería Nacional debe darle el 35 por ciento de las ganancias que obtiene por las casas de juego a la Ciudad, mientras la cifra total no supere los 65 millones de pesos; en ese caso, la plata restante se divide en forma inversa. Estos porcentajes estaban fijados para 2003; en el siguiente año se preveía que ese dinero, que la Lotería Nacional desembolsa al Ministerio de Desarrollo, tenía que repartirse a la mitad. En su fallo, la Corte critica las medidas cautelares que obstruyen rentas públicas, “en tanto éstas resultan indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad”.
Pese a este acuerdo y a la apelación del gobierno porteño, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial mantuvo la cautelar. Entonces, las autoridades de la Ciudad enviaron un recurso de queja a la Corte Suprema de la Nación, donde aceptaron tomar el caso ante la “grave irregularidad” por el tiempo de vigencia de las medidas tomadas, que equiparaban a esas resoluciones provisorias a una sentencia definitiva, “sin que (en la causa) se registre avance alguno” tendiente a la resolución del conflicto, destacaron en el fallo.
“En efecto, resulta contrario a los más elementales principios de administración de justicia mantener vivo un proceso en el que se han dictado medidas cautelares vigentes desde muy larga data, cuando resulta evidente que la decisión pretendida ha devenido abstracta por la modificación del contexto fáctico en que se inscribió la acción”, dice el fallo unánime. Una de las medidas cuestionadas permitía que el casino funcionara bajo jurisdicción del gobierno federal, otro impedía al gobierno porteño ejercer facultades impositivas.
En diálogo con Página/12, Aníbal Ibarra, quien al momento de la firma del convenio era jefe de Gobierno porteño, contó que días antes de que se emitiera el fallo “el gobierno macrista inexplicablemente quiso retirar la queja, pero desde la Corte Suprema le aclararon que al tratarse de impuestos que atañen y benefician a todos los porteños, no puede sacarse la queja hasta que no les lleve la conformidad de la Legislatura”.
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