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Con la idea de combatir la política del PRO de criminalizar a los vendedores ambulantes y de darle una solución a los trabajadores, la Defensoría General porteña lanzará a partir del lunes un censo sobre la calle Florida y la avenida Pueyrredón (dos de los puntos neurálgicos de la actividad). La iniciativa es promovida por el defensor adjunto Andrés Gallardo, quien asumió ese cargo con la misión de revertir la impronta macrista hacia los sectores vulnerables. Gallardo, además, tendrá una entrevista el lunes con el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, para empezar a analizar una solución que incluya a los trabajadores y a los comerciantes como parte del diálogo.
Gallardo se tomó licencia como juez y asumió como defensor adjunto penal con un mandato claro: “Intentar neutralizar los progresivos esfuerzos del Poder Ejecutivo de esta ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza”, según dice el decreto con el que lo designó el defensor general Mario Kestelboim. El funcionario judicial también puntualizó en el texto del nombramiento de Gallardo que recrudeció la persecución de “grupos humanos que desarrollan en la ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedores ambulantes de baratijas, artesanos, limpiavidrios, cuidacoches”.
El endurecimiento de las penas a las distintas actividades y la prohibición de limpiavidrios y cuidacoches forma parte del paquete de leyes que negocia el PRO en la Legislatura, y que incluye también la aprobación de las “armas electrónicas de incapacitación motora no letales” (sí, las Táser). También es la línea que sigue el fiscal general Germán Garavano, que responde al macrismo. Los artesanos que están frente a la Legislatura en Perú al 100 –por dar un ejemplo– sufrieron innumerables intentos de desalojo.
Con el objetivo de empezar a revertir estas políticas, Gallardo lanzó un censo sobre Florida y sobre Pueyrredón. “Hasta el presente, la actividad de la Defensoría penal fue responder con asistencia técnica a casos concretos de persecución penal. Pero como se produce una reiteración cuantitativamente importante de casos, se está frente a una problemática de tipo estructural y social. No se soluciona con la mera defensa técnica. Hay que encarar una resolución global”, advirtió Gallardo a Página/12.
El funcionario hará circular entre los vendedores una carta en la que explica que el censo se hace con el objetivo de que se evite “la criminalización del trabajo informal y el cese de la persecución estatal”. Los datos de la encuesta serán reservados y se les garantiza el carácter confidencial y los encuestadores tendrán una identificación visible.
“Es fundamental para poder tener un diagnóstico sobre la situación saber fehacientemente la cantidad de personas involucradas en la actividad en esas calles y establecer las distintas categorías dentro del rubro, porque existen distintos tipos de venta ambulante”, advirtió el defensor adjunto que tiene pensado reunirse este lunes con el ministro Santilli para empezar a trabajar en un diálogo, que también incluirá a la cámara de comerciantes (Fecoba), que conduce Osvaldo Cornide.
“El objetivo final es establecer un diálogo progresivo con los propios interesados y con los restantes actores (los comerciantes, los vecinos y el gobierno) para viabilizar una propuesta superadora, que suponga el uso racional del espacio público y la satisfacción de los derechos sociales de los perseguidos”, advirtió Gallardo. La defensoría tituló el comunicado de prensa con la frase: “No hay mejor defensa que una solución”. Allí señalan que “la problemática de los sectores más vulnerables no se soluciona con represión y violencia”.
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