En su columna de opinión “¿Subtes sin control?”, el presidente interino del Ente de la Ciudad realiza un curioso análisis respecto de la actual situación en relación con el poder de control y fiscalización de los servicios de subterráneos de la ciudad.
Al respecto es necesario hacer algunas precisiones: es cierto que por el decreto 393/99 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la realización de los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del control y la fiscalización de los subtes en favor de la ciudad, y también lo es que la Legislatura sancionó la ley 373 adhiriendo a los términos de la transferencia. Aquí se acaban las certezas.
El funcionario, que no debiera desconocer lo complejo del contrato de concesión y la cantidad de intereses que el mismo afecta, que casi siempre coinciden con los del partido del gobierno, nada dice de esto, siendo como es, integrante y candidato de esa fuerza política.
En lugar de demandar la inmediata transferencia del control infiere que su demora obedece a una decisión de nuestro gobierno. Nada dice respecto de la imposibilidad casi permanente de alcanzar acuerdo alguno con la CNRT y la Secretaría de Transporte, ámbito exclusivo del justicialismo bonaerense. Sirvan de ejemplo las tortuosas maniobras de tales organismos para impedir la vigencia de la ley que prohíbe el tránsito de colectivos en nuestro casco histórico.
En síntesis, este funcionario omite, por propio interés, decir por qué el control y la fiscalización del subte no lo hace la Ciudad. Bien podría, en lugar de “confundir”, gestionar su efectiva transferencia ante el gobierno de su partido, al que obviamente representa desde su condición de candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.
* Presidente Bloque Frente Grande de la Legislatura porteña.
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