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Sociedad|Martes, 10 de enero de 2012
La mayoría de las mujeres que iban a prostíbulos de México eran argentinas

Las pruebas de la red de trata

La denuncia publicada ayer por Página/12 fue ratificada ante distintos medios por la hija del ex agente de la SIDE. La organización regentea prostíbulos en Buenos Aires y en Cancún. La Justicia empezó a investigar.

Por Raúl Kollmann
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Raúl Martins, ex agente de la SIDE, en un local de Cancún.

Documentos migratorios de Martins.

La denuncia de Lorena Martins contra su padre, Raúl Martins, por trata de personas y cohecho respecto de jefes policiales y jefes del área de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recayó en la fiscalía que está a cargo de Gerardo Pollicita. El fiscal le debe requerir al juez Norberto Oyarbide la investigación de todos los nombres y montos de dinero que se pagaron como coimas, datos que Lorena pudo recabar en los últimos seis meses, en que tomó contacto con la organización de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún, propiedad de su padre. Martins fue oficial de la SIDE durante 13 años y su hija ya declaró ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase), especializada en trata de personas, que conduce Marcelo Colombo. Allí reveló cómo se llevaban a las chicas argentinas a México: “La mayoría de las chicas que estaban en The One, el único prostíbulo de la zona turística de Cancún, eran argentinas. Las llevaban allá y las quebraban. Algunas, muy pocas, eran brasileñas. La mayoría, argentinas”, contó ayer Lorena en Radio Del Plata.

No bien el fiscal requiera la instrucción del expediente, se presentará a declarar una mujer que trabajó con Martins, fue llevada a México y vivió todo el proceso que el ex agente de la SIDE denomina “quebrar a las chicas”. Les pagan el pasaje, les aseguran que serán modelos o recepcionistas, les prometen mucho dinero y cuando llegan a Cancún empiezan por quitarles el pasaporte, luego las dejan sin vivienda, las endeudan y de esa manera se hace la presión para que vayan ejerciendo distintos grados de prostitución. Al principio sólo en bailes, luego bailes con erotismo, el siguiente escalón es el sexo oral y finalmente “el pase” a la habitación. Impresiona ver las planillas en las que se habla de cada uno de esos servicios realizados por cada chica. Lorena las aportará a la causa judicial. También otras planillas en que se les deduce plata a las mujeres por multas: una de las fallas más graves es darle el teléfono a un cliente.

Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.

La hija del dueño de los prostíbulos resolvió denunciarlo a raíz de que Martins abandonó a su familia –su esposa y tres hijos–, por lo cual Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años. Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.

En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.

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