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El último viernes de cada mes Roser Ríos recorre más de 200 kilómetros desde Monzón hasta el Ayuntamiento de L’Hospitalet, el municipio barcelonés donde creció David, su único hijo, fallecido en un incendio en la Unidad Penal del Borda el año pasado. Con un megáfono, rodeada de amigos y familiares, ella cuenta a los transeúntes cómo se entrelazaron fatalmente el crimen organizado dedicado a las drogas y la negligencia del sistema manicomial argentino. David tenía un retraso intelectual ligero y fue detenido con una valija con cocaína en Ezeiza el año pasado. “Se había ido a vivir con la novia a Lérida y alguien le sacó pasajes a Colombia y lo hizo volver desde Buenos Aires. Primero me llaman para decirme que lo trasladaban al Borda para cuidarlo, tres días después me avisan que murió”, recuerda en diálogo con Página/12. En el cuarto contiguo al del joven internado, otro interno incendió la habitación, al parecer con un encendedor.
Con 19 años cumplidos, David había decidido independizarse de su familia. Antes, dice su madre, dejó el colegio y trabajó un tiempo con ella y su pareja en una empresa especializada en personas con discapacidades. “Era independiente. Físicamente no se le notaba nada. A la hora de hablar y dependiendo de lo que se hablara, podía notarse”, dice Ríos. Sin el consentimiento de su madre, David se fue a vivir a Lérida con su novia. “Ya era mayor de edad, no podía evitarlo”, dice ella y aclara luego: “Lo visitaba todos los fines de semana”.
Pero en algún momento alguien le ofreció plata para ir a Colombia, al parecer engañándolo. El 27 de mayo pasado las autoridades argentinas descubrieron cocaína entre sus maletas y lo dejaron tres días detenido en el aeropuerto de Ezeiza. Su madre inició los trámites para traerlo, según ella le dijeron que podían durar entre “dos y cuatro meses”, mientras en la noche del 30 era trasladado a la Unidad Penal Psiquiátrica Nº 20 del Servicio Penitenciario Federal, en un pabellón dentro del Hospital Borda, en el barrio porteño de Barracas.
Esa noche, en la celda contigua a la del joven español fue alojado Leandro Muñoz, quien entró con algún elemento para encender fuego, se cree que un encendedor, que no fue detectado por los guardias. Los habían derivado a la Sala de Tratamiento Individual, por prescripción del psiquiatra de turno, Emiliano Hayquel. Los cuartos no tenían ventanas ni ventilación y las paredes estaban acolchadas con un material sin tratamiento ignífugo. Había cámaras para monitorear lo que ocurría dentro, pero según dijeron entonces fuentes de la Unidad, no todas funcionaban. En la madrugada del día siguiente, a tres horas de que David ingresara, Muñoz inició el fuego. David falleció asfixiado, su compañero calcinado; otro interno, dos carceleros y un bombero resultaron heridos en el incendio, controlado dos horas después.
“La Procuración Penitenciaria de la Nación ha informado que en la Unidad 20 del SPF han fallecido seis internos en los últimos quince meses, tres de ellos, durante la última semana de mayo”, detalló un despacho de diputados nacionales de varias bancadas, ingresado el 26 de junio de 2011. Allí se menciona la falta de implementación de la nueva Ley de Salud Mental, sin reglamentación aún. La Procuración también señaló que existía “una aplicación irracional, desmedida y excesiva del encierro” en la Unidad 20.
En un comunicado en repudio, en el que se responsabiliza al Estado por lo ocurrido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) definió las salas. “Son los espacios de reclusión en los que se producen vulneraciones de derechos con mayor frecuencia.” Dos meses después del incendio, la Unidad 20 del Borda fue cerrada, al igual que la Unidad 27 del Hospital Moyano, como parte de la puesta en marcha del Poder Ejecutivo del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma).
Hoy los pacientes psiquiátricos provenientes de la Justicia son derivados a un sector del Hospital de Ezeiza y de la Cárcel de Mujeres de esa localidad bonaerense. El caso de David sigue impune.
Roser Ríos visitó el año pasado la Unidad donde murió su hijo y planea volver al país en febrero. Un grupo de abogados de la Defensoría General de la Nación la representa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 44. La investigación deberá determinar, según estos letrados, “las acciones u omisiones funcionales del personal penitenciario del establecimiento carcelario, las cuales podrían haber sido determinantes del siniestro”. La Unidad fue allanada, se tomaron declaraciones a médicos y guardias, pero según le explicaron sus abogados nadie quedó procesado aún por el hecho.
Ríos no entiende aún cómo su hijo, con “retraso mental ligero y alteración de la conducta por trastornos de la personalidad”, como dictaminaron las autoridades sanitarias de España, terminó alojado en un cuarto de aislamiento. “Físicamente no era agresivo”, recuerda.
El próximo viernes 27 de enero, la mujer volverá al Ayuntamiento de L’Hospitalet y desplegará sus propuestas: la creación de una base de datos que permita proteger a las personas con discapacidad intelectual, cuando saquen un pasaje de avión y realicen otras actividades críticas. También el endurecimiento de las condenas a las personas que se sirven de discapacitados psíquicos con fines delictivos. “Es algo que pasa bastante seguido”, dice. La investigación en Argentina, asegura, no está parada.
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