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Organizaciones de mujeres, médicas, de derechos humanos, de intelectuales y académicas cuestionaron la inacción de las autoridades sanitarias de la provincia de Entre Río y de la Nación –y las dilaciones de la Justicia de Concordia– para resolver el pedido de un aborto no punible de la niña de 11 años embarazada como consecuencia de un abuso sexual, cuyo caso conmocionó al país en los últimos días. Y advirtieron sobre el avasallamiento de los derechos y la salud de la nena, luego de que su familia decidiera –al parecer en el marco de fuertes presiones– que continúe con la gestación forzada. El caso sigue generando repercusiones: hoy a las 18 está convocado un escrache en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos (Suipacha 844). En Facebook se formó el grupo “Pedí la renuncia del ministro de Salud de Entre Ríos”, Hugo Cettour, donde se puede dejar la adhesión a la iniciativa, en repudio a sus polémicas declaraciones sobre el caso. Según pudo saber Página/12, algunas entidades están analizando denunciar penalmente o promover juicio político a los funcionarios públicos que no allanaron la interrupción legal del embarazo requerida en un primer momento.
A través de distintos pronunciamientos dejaron sentada su posición el Equipo de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, el Area de Salud del Cedes, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, el Espacio Carta Abierta, el Instituto de DD.HH., Igualdad de Género y Oportunidades Mar del PlataTandil (inDHigo) y la Maestría de Salud Familiar de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hay varios puntos de coincidencia en los diversos comunicados. Uno de ellos, tal vez el más importante, es que se reafirma, sin dudas, que se trataba de un aborto no punible, contemplado en los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, dado que el embarazo en juego provenía de un abuso sexual.
“Compartimos entre todos el espanto por la desatención del Estado provincial y nacional, la indiferencia absoluta frente a una persona concreta. La atención real de la salud y el respeto por los derechos demanda otras medidas, que claramente no se alcanzan con la aprobación de guías, leyes y ni siquiera tratados”, señaló en diálogo con Página/12 la directora ejecutiva de ELA. Desde ELA recordaron que éste no es el primer caso de aborto no punible cuya realización se obstaculiza. “Argentina tiene en su haber varios casos paradigmáticos en los cuales el Estado, sea por la inacción de los servicios de salud o mediante la judicialización innecesaria, ha violado los derechos de las mujeres frente a pedidos de abortos no punibles”, advirtió la entidad en un comunicado –al que adhirieron el CELS, la ADC y el Area de Salud del Cedes–, en el que se plantea “la imperiosa necesidad de legalizar el aborto” para evitar que se repitan ese tipo de arbitrariedades. “La negativa del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos y el silencio del Estado nacional no sólo desoye el pedido expreso de la niña para que ‘todo vuelva a ser como antes’ en violación de su derecho a ser oída, sino que además le infrigen sufrimientos inaceptables que califican como tortura”, señalaron las ONG.
El Espacio Carta Abierta difundió también su mirada del tema: “La igualdad está en juego: rechazamos el tratamiento del caso de la niña violada”, comienza el texto. Y más adelante sigue: “Su embarazo puso a prueba el modo en que algunas instituciones resuelven este hondo drama personal y familiar, impidiendo con una suma de arbitrariedades y presiones la interrupción de la gestación en un caso en que no es punible, superadas ya las 12 semanas de gestación”. La gestación ronda las 13 semanas. “Esto es un ejemplo más de la desigualdad a que las personas de menores recursos se ven enfrentadas para tener el acceso adecuado e igualitario a la salud. La recurrente problemática nos obliga a instar a las máximas autoridades del área de salud de la Nación a disponer de los recursos médicos, en casos como el presente, para que en los hospitales públicos del país se aplique la ley sin reiterar pasos dilatorios inadmisibles, que pueden ocasionar daños irreversibles a las víctimas”, exhortó Carta Abierta, el espacio de intelectuales que apoya la gestión kirchnerista. En su última “Carta Abierta”, difundida unas semanas atrás, el grupo reclamó la discusión parlamentaria de la despenalización del aborto en el país.
La familia de la nena es de la localidad entrerriana de General Campos, a 45 kilómetros de Concordia. La mamá de la niña tiene 27 años. El embarazo fue detectado en el Hospital de San Salvador, cuando fueron a consultar porque la nena tenía dolores abdominales. En ese ámbito la madre planteó que no quería que su hija continuara con la gestación. La menor relató luego que había sido abusada sexualmente y señaló como culpable a un adolescente de 17 años, amigo de un vecino de su abuelo. Pero el hospital no accedió al pedido de aborto no punible. Y el caso se judicializó. Estuvo sin resolución cuatro días en el juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. El ministro de Salud de Entre Ríos, entre tanto, dijo que el caso no encuadraba en los supuestos de no punibilidad y que el cuerpo de la niña estaba en condiciones de soportar la gestación. En la misma línea se pronunciaron médicos del Hospital Masvernat, de Concordia, donde el juez pidió un informe. En ese marco, finalmente la madre desistió el jueves del pedido de aborto. Según denunció la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras entidades, la mujer habría tomado la decisión de dar marcha atrás presionada en el ámbito judicial y por las repercusiones mediáticas del caso.
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