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Hoy se cumple un año de la represión policial ocurrida el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez, donde fueron asesinados Franco Almirón (16) y Mauricio Arce Ramos (19), mientras que fue herido de gravedad Joaquín Romero (18), quien estuvo internado dos meses en el Hospital Diego Thompson de San Martín. Por los hechos hay dos policías detenidos: Gustavo Sebastián Rey, imputado por los dos homicidios, y Ezequiel Vega, acusado de haber hecho los disparos que hirieron a Romero. El caso fue elevado a juicio oral y se cree que la audiencia pública se hará en el curso del año. La causa fue desdoblada porque, a pedido de los abogados que representan a las familias de las víctimas, se está investigando a los jefes policiales que estuvieron a cargo del operativo para establecer su grado de responsabilidad, dado que los uniformados dispararon balas de plomo contra un grupo de personas que se había reunido en el barrio De la Cárcova, para presenciar el descarrilamiento de un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino. Se dijo al principio que algunos jóvenes intentaron robar parte de la carga, pero en la investigación esa circunstancia no ha sido probada de manera fehaciente. Está probado que las tres víctimas recibieron balas de plomo disparadas por los policías.
Esta tarde, desde las 18, el Movimiento Evita de San Martín, organizaciones sociales, familiares y vecinos de las víctimas harán un acto para recordar a los chicos asesinados y reclamar justicia. El joven Romero es hijo de María Fernanda Romero, integrante de la Cooperativa de Trabajo Raúl Repetto, del barrio De la Cárcova. El descarrilamiento, que al principio un sector de la prensa señaló como “intencional” –la investigación no pudo confirmarlo hasta ahora–, se produjo a las 14 del 3 de febrero de 2011 y una hora y media después comenzó la represión policial.
La zona es jurisdicción de la comisaría cuarta de José León Suárez, pero en los hechos participaron efectivos de distintas dependencias que acudieron al lugar convocados a través de la red policial. El hoy diputado nacional Leonardo Grosso, quien militaba en el barrio en el momento de ocurridos los hechos, sostuvo que los policías acudieron “en busca de venganza”, porque horas antes, muy cerca del lugar, había sido asesinado el subteniente de la Bonaerense Marcelo Houriet.
En diálogo con Página/12, Grosso sostuvo que “la historia nos dio la razón porque se derrumbó la hipótesis del súper ministro (de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo) Casal, porque no hubo un descarrilamiento intencional sino que se trató de un hecho accidental por el mal estado de las vías” del ex ferrocarril Mitre, sobre el puente del canal José León Suárez. “La responsabilidad de los dos policías quedó probada en los peritajes y también se desvirtuó la supuesta presencia de una ‘banda organizada’, como dijo Casal.” A la investigación se había incorporado un video donde supuestamente se veía a un grupo de jóvenes disparando contra la policía. Las imágenes fueron aportadas por una vecina, que las tomó con su celular. Los pobladores del barrio dicen que “los únicos que agredieron a la policía fueron los miembros de un grupo conocido como ‘los transas’, por su supuesta vinculación con la venta de droga, grupo al que la gente le tenía tanto miedo como a la policía”, le dijo a este diario una fuente de la investigación.
“Nadie disparó ni una sola vez”, aseguró Grosso, quien a la vez señaló que las víctimas “no agredieron a nadie y fueron atacadas a balazos”. El diputado nacional explicó que lo que pide el Movimiento Evita es que “se acelere el juicio y que se investigue a los responsables políticos, a los que dieron la orden, a los comisarios que intervinieron en el caso, que fueron varios. Uno de los policías (Vega) fue el primero que admitió que había usado balas de plomo y también sostuvo que había recibido ‘presiones’ para reprimir a los jóvenes que presenciaban el descarrilamiento. Queremos saber quiénes fueron los que hicieron esas presiones”.
Los fiscales Marcelo Sendot, Raúl Sorracco y Ana María Armetta, a cargo de la investigación, secuestraron las 45 armas utilizadas por los policías e identificaron a cada uno de ellos. Los disparos fueron efectuados con escopetas 12.70, de las que se habrían disparado unos 24 perdigones de plomo, además de munición de goma y gases lacrimógenos. Uno de los chicos fallecidos tenía ocho impactos de plomo y el otro uno que ingresó por debajo del hombro izquierdo, sobre el corazón. Romero recibió tres plomos. Juan Carlos García Dietze, abogado de las familias de Arce Ramos y Romero, recordó que los defensores de los dos policías apelaron la prisión preventiva, que fue ratificada en forma reciente por la Cámara de San Martín. “Vega presentó un recurso ante Casación, pero como procesalmente no corresponde, lo más probable es que se lo rechacen.” La defensa de Rey hizo un pedido para que se morigere la preventiva para lograr la prisión domiciliaria hasta que comience el juicio. Con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los querellantes solicitaron ahora que se investigue “a los comisarios, subcomisarios y jefes de zona que tuvieron responsabilidad en la orden de reprimir a los jóvenes” que se reunieron en el lugar.
“En la causa hay todavía muchos datos que tienen que ser corroborados, pero lo que está muy firme es la responsabilidad de los dos policías detenidos, quienes aparecen señalados por varios testimonios y por el peritaje que hizo la Gendarmería. Está claro desde qué lugar y hacia qué dirección disparó cada uno de ellos”, confirmó la fuente de la investigación.
El acto en recordación de las víctimas fue convocado para hoy a las 18 en la esquina de Central y 2 de Abril, el lugar donde siempre se reunían los chicos asesinados. Al acto convocaron el Movimiento Evita, La Cámpora y varias organizaciones sociales de la zona.
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