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La noticia del suicidio a patadas de Patricio Jonathan Barros Cisneros, en la U46 del Servicio Penitenciario Bonaerense, llegó a nivel internacional. El representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, expresó su preocupación por la “reciente ola de muertes y violencia en las cárceles de la región” y mencionó, entre otros, el caso de Barros Cisneros. Incalcaterra dio crédito a la versión de los familiares y presos testigos de las patadas y golpes recibidos por Barros hasta quedar exánime y totalmente desfigurado. La investigación del fiscal del caso, Carlos Insaurralde, sigue sembrando dudas. Calificó el caso como homicidio agravado y con alevosía, lo que puede ser torcido fácilmente a un culposo si no se demuestra que hubo intención de matar. “Sorprende mucho que no haya calificado como torturas seguidas de muerte”, aseguró a Página/12 Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria.
Según el informe del representante regional del Acnudh, con sede en Santiago de Chile, “los hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de –o se ve agravada por–, entre otras cosas, las condiciones precarias de detención”. Además de un preso apuñalado por otro en la cárcel de Capayán, en Catamarca, Incalcaterra se refirió al caso de Barros Cisneros. El 29 de enero, un preso de 25 años murió después de recibir 30 golpes en la cabeza supuestamente por guardias de la Unidad 46 del Complejo de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tal como informó este diario, alrededor de las 10 de la mañana, Patricio Jonathan Barros Cisneros fue apaleado por diez guardias a la vista de su esposa de 18 años, embarazada, Alejandra Gisela González, y de otros presos. A la mujer la obligaron a retirarse del penal y más tarde le dijeron que su marido había muerto estrellándose la cabeza contra las rejas luego de intentar atacar con una faca a un oficial.
La intervención del secretario de Ejecución de la Defensoría de San Martín, Juan Manuel Casolati, y luego del CELS y el Comité Contra la Tortura, logró sacar a luz la otra versión, la que señalaba que lo habían masacrado a patadas, entre diez penitenciarios, estando esposado, y que pedía clemencia a gritos mientras le saltaban encima. Los testigos dieron los nombres de los guardias. Cuatro de ellos fueron detenidos por Insaurralde.
Existen muchas dudas sobre el desarrollo de la investigación del fiscal. Insaurralde calificó el delito como homicidio agravado por tratarse de funcionarios penitenciarios, y con alevosía. “En estos casos, habitualmente se califica así –dijo a este diario Roberto Cipriano García–, lo que permite a la defensa girar el caso a un homicidio culposo, porque hay que demostrar que había intención de matar.” El mismo fiscal que el día del crimen rechazó el testimonio de la esposa que había recolectado Casolati y aceptó la versión penitenciaria de lo peligroso que era Barros Cisneros incluso esposado, difícilmente intentará probar que al patearlo entre diez, esposado, saltarle encima, golpearle los genitales, masacrarle el cráneo y dejarlo tirado en el piso a la vista de su esposa, lo querían matar en lugar de intentar dominarlo para que no se hiciera daño a sí mismo ni a terceros. “Sorprende que no haya calificado como torturas seguidas de muerte –agregó Cipriano García–, tal como señala el artículo 144 tercero del Código Penal. Estaba indefenso, y su vida estaba en manos de sus custodios.” El titular del CCT dijo que mañana harán una presentación judicial solicitando que la investigación sea girada a un caso de torturas.
La misma mirada tiene el representante regional del Acnudh en su informe, quien vinculó el caso con la ausencia de mecanismos de prevención de la tortura en la mayor parte de las provincias y a nivel nacional (un proyecto se debate en el Senado). Además, insistió en que “los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto”.
Entre las condiciones “precarias” que presentan las cárceles de la región, el organismo mencionó “falta de espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica y de estándares básicos de saneamiento e higiene. Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva”, alertó Incalcaterra.
Precisamente, el representante regional advirtió el caso de dos presos en Mendoza, Marcelo Tello Ferreyra (representado por el abogado Carlos Varela) e Iván Bressan Anzorena, fueron torturados y jamás fueron investigados los hechos y permanecen detenidos ilegalmente desde marzo de 2008, tal como denunciaran el CELS, la Asociación Pensamiento Penal, Amnistía Internacional y cuyo caso tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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