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La próxima reunión de la Unasur que se hará en Colombia tendrá eje en el debate sobre la descriminalización de los usuarios de drogas ilegales como política común en la región. “La región empieza a tener un pensamiento sobre la guerra contra las drogas, creo que es un tema fracasado y hay que empezar a pensar en otras instancias”, agregó María Emma Mejía Vélez, secretaria general del organismo. La delegación argentina tendrá un papel decisivo en esa reunión, a la que asistirán los ministros de Justicia y Seguridad de los países miembro: el país coordina e integra las comisiones de Reducción de la Demanda, Fortalecimiento Institucional y Armonización Legislativa. Esta última iniciativa, sumada a la adhesiones de varios ex presidentes e intelectuales de Latinoamérica pro legalización, preocupa al gobierno norteamericano, que en la última semana envió al vicepresidente Joe Biden a México y Honduras con un claro mensaje sobre estos planteos: “No hay ninguna posibilidad de que la administración Barak Obama cambie su política al respecto”.
La necesidad de una discusión propia y a nivel regional fue volcada en el acta de la reunión del Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, realizado en noviembre pasado en Bolivia. En ese documento se delineó el “plan de acción” que el tres y cuatro de mayo próximo se analizará en la Cumbre de Defensa, Justicia e Interior de la Unasur en Cartagena de Indias, Colombia. En el acta se describe aquella reunión en La Paz como “un intenso debate dirigido a identificar acciones prioritarias en materia de reducción de la demanda de drogas para evitar su consumo y uso indebido, en aplicación del principio de responsabilidad compartida”.
El solo objeto de la discusión involucró un cambio de paradigma: no se focalizó todo el esfuerzo en la oferta, tampoco en la represión de la demanda; en cambio, se instó a “establecer de manera compartida lineamientos, criterios y estrategias sobre las diferentes manifestaciones del problema mundial de las drogas”. La colombiana Mejía Vélez transparentó en la CNN las estrategias a debatir y mencionó a la despenalización como una alternativa al prohibicionismo raso. “Tenemos que desprendernos del viejo abrigo de que la fórmula es una guerra y no más”, dijo.
“La delegación de la República Argentina ofreció realizar un digesto normativo de las instituciones de los Estados miembro”, dice el acta, antes de repartir los grupos de trabajo. La encargada es la fiscal Mónica Cuñarro, quien presidió la disuelta Comisión Coordinadora de Políticas de Drogas. Esta comisión, interdisciplinaria, asesoró el proyecto que despenaliza la tenencia para uso personal, que el senador Aníbal Fernández planea presentar este año. Cuñarro y el juez Martín Vázquez Acuña ya hicieron un digesto de las leyes de los países del Mercosur.
“Hace cuatro años cuando viajé a la cumbre sobre drogas de la ONU en Viena y dije que no se debía penar el consumo personal para respetar los derechos humanos de segunda generación todos me miraron como un loco. Hoy más de nueve ex presidentes y diez presidentes de la región, banqueros, personalidades, escritores y más de 5000 jueces y fiscales mundiales dicen lo mismo”, subrayó Fernández. El senador insistió en que los compromisos asumidos por Argentina ante la Unasur se plantearán en Cartagena.
El papel de Argentina resultará crucial en las comisiones que impulsan el fortalecimiento institucional y la armonización legislativa. La primera está presidida por Milton Romani, de Uruguay, y lo secunda la delegación argentina. “Nuestro país nunca criminalizó la tenencia para consumo personal ni cuando (Richard) Nixon la pedía ni cuando (Ronald) Reagan lanzó su guerra a las drogas”, recordó el funcionario uruguayo a este diario. Según adelantó, en Cartagena planteará la descriminalización de los usuarios porque “así lo instruyó el presidente José Mujica”.
Con el fortalecimiento institucional se busca revertir algunas de las consecuencias de la guerra contra la drogas en la región: la pérdida de calidad democrática, las violaciones a los derechos humanos y a la salud, la corrupción en las fuerzas y estamentos estatales, entre otros. También, según consta en el acta, se intentará una coordinación entre los distintos observatorios nacionales de drogas para “obtener datos confiables comparables de la realidad suramericana”.
Este tema no es menor. En el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU se utilizaron datos de 2005 para escandalizar a la opinión pública, afirmando que Argentina es el segundo consumidor de cocaína, después de Estados Unidos. “Marca un déficit en la actualización de la información y en el procesamiento de los datos”, objetó durante la presentación de ese informe Rafael Bielsa, nuevo titular de la Sedronar, la secretaría de Estado local encargada de la políticas de prevención de adicciones y combate contra el narcotráfico. A la hora de los títulos, los medios hegemónicos obviaron la falta de seriedad de la JIFE, pese a la advertencia de Bielsa.
Según el acta firmada en La Paz, la comisión referida a las legislaciones tiene como objetivo “identificar posibilidades de armonización de normas penales, civiles y administrativas, así como políticas públicas, en relación con el problema mundial de las drogas, respetando el ordenamiento jurídico y la soberanía de cada Estado miembro”. Uruguay, Ecuador, Perú, entre otros países, no criminalizan al usuario; Brasil y Argentina aún lo hacen y estas diferencias ya generaron malestares.
En noviembre pasado, la cónsul uruguaya en Buenos Aires, Lilian Alfaro, advirtió que muchos conciudadanos eran detenidos en la ciudad de Buenos Aires por consumir marihuana en la calle. “No se fíen de que con tranquilidad se puede fumar”, alertó Alfaro, quien sugirió una campaña en su país informando al respecto. Los partidos de fútbol de equipos uruguayos y los megaconciertos son los momentos que más detenciones registran. La cónsul en persona y otros funcionarios diplomáticos fueron a seccionales policiales y a juzgados para acompañar a los uruguayos detenidos por fumar o tener marihuana para fines de consumo personal.
Por otra parte, mientras en Argentina la mayor parte de la población de las cárceles de mujeres son “mulas” detenidas por traficar pequeñas cantidades de cocaína en su cuerpo, en Ecuador, a fines de 2008, fueron indultadas más 2000 personas presas por este tipo de delitos y se bajaron las penas por microtráfico. Por entonces, Michelle Artieda, secretaria de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, le explicó a Página/12 que los indultos se dieron como parte de una reforma penitenciaria por el hacinamiento existente.
“Una de las formas injustas de llenar la cárcel es la ley de drogas”, explicó la funcionaria ecuatoriana y mencionó la preocupante asimetría que existe en las penas. En Venezuela, por ejemplo, el código penal impone de cuatro a ocho años de prisión, “al que ilícitamente siembre, cultive o realice cualquier acto de adquisición, suministro o trafico de semillas o plantas que tengan el carácter de estupefacientes o drogas”. La normativa, como puede apreciarse, no distingue en el monto de la pena a traficantes de usuarios.
Reducción de la Demanda es otra de las comisiones encabezadas por Argentina. Dos funcionarios argentinos de las carteras de Salud y Trabajo, Alvaro Ruiz y Eduardo Bustos Billar respectivamente, serán los encargados de coordinar la difusión y el intercambio de conocimientos, experiencias, criterios técnicos, científicos, sociales y de gestión administrativa entre especialistas de la región. Fue incluida la política de reducción de daños como posibilidad de tratamiento, lo que implica atender a los usuarios que no desean dejar de consumir pero sí minimizar los riesgos a su salud.
En las comisiones dedicadas a las medidas de control sobre los grupos delictivos transnacionales vinculados al tráfico de drogas y a la reducción de la oferta participan Miguel Robles y Miriam Candia, ambos integrantes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ya hay una propuesta para crear un registro compartido de los precursores químicos utilizados para fabricar drogas ilegales, pero el tema candente será la militarización que Estados Unidos impone en la región desde que planteó el tráfico como una amenaza para su seguridad nacional, a fines de los ’80.
Desde entonces, sus fuerzas armadas incursionaron en Bolivia, Colombia y México. Este último país optó por intensificar y militarizar el combate al crimen organizado, que provocó directa e indirectamente más de 50 mil muertes en los últimos cinco años. Estados Unidos viene financiando en México y Centroamérica el entrenamiento de las fuerzas para lo que comúnmente se llama “guerra de baja intensidad” y no difiere de las estrategias planteadas por la Escuela de las Américas para combatir la insurgencia revolucionaria.
La mayoría de las leyes que criminalizan a los usuarios y fijan penas severas, muchas veces sin diferenciar el tráfico del consumo, fueron impuestas por gobiernos dictatoriales o de cuño neoliberal en los ’80, bajo la influencia del gobierno de Reagan. “Es una legislación especial que violenta principios de las constituciones regionales, como de los instrumentos de derechos humanos firmados y las bases del derecho penal y procesal de región. Tratándose de un delito transnacional, requiere de una cooperación, un corpus iuris (recopilación de leyes) regional”, explicó Cuñarro.
¿Es posible armonizar las leyes si existe una puesta en común en la Unasur? “La mayoría de la región tiene una identidad de estructuras técnico legislativas, los mismos principios y bases de sus ordenamientos. Además todos los estados han adherido a los instrumentos de derechos humanos, por lo que es posible”, agregó. De hacerse, la región volvería a enfocar la demanda de drogas como un tema de salud pública y no de seguridad nacional, como hasta ahora.
Mientras se pasan las reuniones preparatorias para el encuentro de la Unasur, el vicepresidente Joe Biden se despidió el miércoles pasado de Honduras insistiendo en el “compromiso” de su país para “ganar la batalla contra los narcotraficantes”. También informó que el gobierno invirtió 361 millones de dólares por este tema en Centroamérica desde 2008 y planea dedicar otros 107 este año, si lo aprueba en congreso norteamericano. Para finalizar, propuso que ambos gobiernos y los de la región centroamericana se reúnan una vez al año para rendir cuentas por los “avances”.
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