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Desde hace más de 30 años un grupo de chicos que reside en los barrios que integran la Villa 31 asisten a la escuela Indira Gandhi, de la avenida Cantilo y La Pampa. Sus familias reclaman hace dos años dos micros para el traslado de sus hijos, como se realizó durante las gestiones anteriores del Gobierno de la Ciudad. Hoy sólo se garantiza el transporte para los alumnos del jardín de infantes que comparte edificio con la escuela primaria.
Como no hay barrio en los alrededores, la matrícula está necesariamente compuesta por alumnos que viven en el barrio Saldías, los barrios que integran Villa 31 y barrios del conurbano, desde los que acceden a través del Ferrocarril Belgrano.
Después de pedidos formales de la escuela y de solicitudes de la comunidad educativa que no obtuvieron respuesta durante dos años, el gobierno de Macri se negó rotundamente a colocar dos micros para que los chicos de la primaria pudieran continuar su trayectoria escolar en ese establecimiento y los instó a mandar a los alumnos a otras escuelas.
Ante esta nueva negativa, las familias volvieron a movilizarse. Pero a la indiferencia, el gobierno porteño sumó la estigmatización. El director de Gestión Estatal, Máximo Gulmanelli, citó a los padres al Ministerio de Educación de la Ciudad. Estos padres denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que el funcionario hizo ingresar en la sala donde se desarrollaba la reunión a personas de civil que los rodearon y luego se preocupó en dejar claro que se trataba de agentes de la Policía Metropolitana.
La utilización de micros para que alumnos y alumnas accedan a escuelas alejadas de su domicilio se realiza en varios distritos. Sin embargo, los chicos de la Villa 31 tienen que dejar la escuela donde asisten desde pequeños porque no se encuentra dentro del distrito donde viven.
La escuela en cuestión es de jornada completa y tiene un proyecto educativo inclusivo y de calidad que pese a todas las limitaciones presupuestarias enorgullece a quienes defendemos a la educación pública. Su propuesta pedagógica está centrada en la oralidad como aspecto central para la construcción de ciudadanía. Posee espacios verdes muy amplios y necesarios para garantizar el derecho al juego y al esparcimiento que la mayoría de los alumnos no tienen en sus barrios. Cuenta con una sección por grado de segundo a séptimo y dos primeros.
Mencionamos sus restricciones presupuestarias ya que su cocina está inhabilitada por su mal estado desde junio de 2007, y el edificio se encuentra sin gas desde octubre del mismo año. Los chicos desayunan y almuerzan mediante servicio de catering en un inmenso comedor que no tiene ningún tipo de calefacción durante el invierno.
Además, en estos cinco años se fueron retirando todos los servicios vinculados con la salud. Sólo dejaron el plan odontológico.
La escuela comparte los patios y el comedor con Puerto Pibes, institución que fue cedida a la Policía Metropolitana. En ese momento toda la comunidad se movilizó para salvar ese espacio de niñez y evitar que los chicos convivieran con fuerzas de seguridad. Las autoridades propusieron levantar un muro como solución ante los reclamos.
¿Cuál es la razón por la que se le propone al 70 por ciento de los alumnos que se vaya?
El Gobierno de la Ciudad señaló que el tema “podría ser un complot” en su contra. ¿Puede ser un complot algo que se soluciona con sólo poner dos micros?
¿Dónde quedará la historia, las identidades, las trayectorias escolares si esto se concretara? ¿Será que se piensa en vaciar la escuela para dar otro destino a este predio?
El conflicto suscitado en torno de 90 asientos de colectivo nos vuelve a mostrar el lugar que ocupan para Mauricio Macri las políticas públicas y los derechos de los pibes y pibas de la ciudad.
* Secretario general UTE-Ctera (Capital).
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