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Docentes y padres de escuelas porteñas afectadas por el cierre de grados dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri marcharán hoy a las 18, en caravana, a la sede gubernamental de Avenida de Mayo y Bolívar, en rechazo a la medida. En tanto, un grupo de 130 padres presentó ayer en la Justicia un pedido para que dicte una medida cautelar de “no innovar” que impida al Gobierno de la Ciudad cerrar 221 cursos en las escuelas públicas.
La movilización será el corolario de la semana de lucha dispuesta por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) contra el cierre de 221 grados en escuelas públicas dispuesto por Macri. La UTE instaló el lunes una carpa frente a esa sede y los docentes organizaron abrazos “simbólicos” a las escuelas afectadas durante toda la semana en rechazo a la disposición del Gobierno de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, explicó ayer que con el cierre de 221 cursos en distintas escuelas “se busca llevar al docente donde más se necesita, que es en el sur de la Ciudad”. Macri sostuvo que se aplica “una norma vigente desde el año 1997 que busca que los docentes puedan trabajar en el lugar donde más se los necesita”, que “es en el sur de la Ciudad”. En diálogo con la prensa, explicó que en las escuelas del sur hay “mucha demanda, los grados están saturados de alumnos, mientras que en el norte hay muchas clases con 9, 11 y 12 alumnos, cuando la ley marca que tiene que haber por lo menos 25”.
“Macri dice que quiere abrir grados y nombrar más docentes, pero la única disposición que elaboró su Ministerio de Educación sólo establece cierres y fusiones que ya se comenzaron a realizar”, respondió Eduardo López, titular de UTE.
En tanto, con la consigna “Estamos defendiendo el derecho a la educación de los chicos”, padres, docentes, alumnos y vecinos realizaron abrazos simbólicos en las 12 escuelas del barrio porteño de Palermo y 20 de Núñez y un corte de calle en la esquina de Pedro Goyena y José María Moreno, en Caballito.
La presentación judicial se realizó en el marco de una acción de amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de Osvaldo Otheguy, en atención a la Resolución 15/2012 dispuesta por el Gobierno de la Ciudad, llamada “de integración” de cursos.
Por su parte, los legisladores Francisco “Tito” Nenna y Delia Bisutti elaboraron un proyecto de ley que establece la derogación de ese mismo decreto, promulgado en 1997, durante la administración de Fernando de la Rúa, pero nunca aplicado.
En cuanto al recurso judicial, fue apoyado por la defensora adjunta del Pueblo, Alicia Muñiz, quien también es docente. La presentación solicita que la situación “se retrotraiga al 28 de febrero para que sea estudiada por toda la comunidad educativa”, explicó Muñiz. “Estamos en período de inscripción y no se puede llevar adelante una acción de este tipo si no sabemos qué cantidad de chicos quedan en cada curso”, afirmó.
El texto firmado por los padres indica que la disposición “representa un avasallamiento a la educación pública, atento que se pone en marcha una medida restrictiva, sin el debido estudio previo y comenzado el ciclo escolar”. Agrega que la disposición es “improvisada, extemporánea, arbitraria e inconsulta”.
La semana de protesta de la UTE-Ctera comenzó el lunes pasado con la instalación de una carpa blanca enfrente de la Jefatura de Gabinete porteña, en tanto se realizan abrazos simbólicos a las escuelas afectadas por los cierres de cursos, radios abiertas y clases públicas.
Rafael Gentili, diputado porteño de Proyecto Sur, consideró que los cierres de cursos, “sin contar con un listado definitivo de los alumnos inscriptos y concurrentes efectivos de todo el sistema educativo estatal, que habitualmente se encuentra disponible recién hacia mediados del mes de abril, ya que muchas escuelas siguen confeccionando listas de espera en papel, es una nueva forma de denegación práctica de derechos”. “Anular estas decisiones imprudentes en el área del ministro Bullrich no sólo es necesario: es la única demostración posible de que la derecha está dispuesta a transitar el ‘siglo de las obligaciones’ que tan pomposamente anunciara su líder en su discurso de asunción, hace cinco años”, agregó.
Finalmente, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad denunció que “el cierre de 221 cursos es el equivalente a cerrar diez escuelas públicas en la ciudad, con lo cual se ejerce presión sobre muchos sectores medios para que acudan a las escuelas privadas. Para el organismo, “la medida deja nuevamente en evidencia la política de vaciamiento y atropello a la escuela pública” y “advirtió que sus consecuencias más graves e inmediatas están dirigidas a los docentes, que pierden su fuente de trabajo”.
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