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El fallo argentino se sitúa en un contexto regional donde las discusiones sobre el acceso al aborto no punible han tenidos avances lentos, pero notables. En el 2006, la Corte Constitucional de Colombia dejó clara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en casos de violación, cuando existe una malformación del feto que impide su viabilidad y cuando la vida y la salud de la mujer embarazada corren peligro. En 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México legalizó el aborto en las primeras doce semanas del embarazo en todos los casos, una medida que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de la Nación en 2008. Hace apenas una semana, el 10 de marzo de 2012, una comisión de juristas del Senado brasileño aprobó una propuesta de anteproyecto para despenalizar el aborto en ese país en las primeras doce semanas de la gestación y, en general, en casos de violación; donde el embarazo supone peligro para la salud o la vida de la mujer; por malformaciones graves del feto; o cuando el embarazo haya sido el resultado de una inseminación artificial no consentida.
Dentro de ese escenario alentador, las trabas para acceder a servicios de aborto seguros en nuestra región todavía son muchas y, sobre todo, mortales. Si bien el aumento del uso del misoprostol ha contribuido a una baja de la mortalidad materna en muchos países de la región, inclusive la Argentina, hasta que se despenalice por completo el aborto no se podrán evitar muertes sin sentido.
Vale la pena resaltar que el sufrimiento causado por la penalización del aborto se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. Existe una clara desigualdad entre la situación de la mujer con recursos –que puede pagar por un aborto ilegal en condiciones relativamente seguras– y la mujer sin recursos, que no tiene esta opción y, por lo tanto, afronta riesgos para su salud e incluso su vida para lograr el mismo objetivo.
La experiencia de Amnistía Internacional demuestra que una penalización generalizada del aborto conlleva un nivel de estigma, miedo y desinformación que imposibilita el acceso, incluso para las mujeres y niñas para las que el procedimiento queda despenalizado. Hoy, mientras celebramos el fallo histórico de la Corte, tenemos en mente a todas las mujeres y niñas que enfrentan un embarazo sin haberlo deseado. Esas mujeres tienen los mismos derechos y merecen la misma dignidad que las que enfrentan un embarazo resultado de una violación. Desde Amnistía Internacional continuamos nuestro trabajo para que se entienda que el aborto debe ser parte de los servicios médicos y que es necesario que se despenalice por completo.
* Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
** Senior Policy Adviser de Amnistía Internacional.
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