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Desde la sanción de la Ley de Salud Mental a fines de 2010, la Defensoría General de la Nación (DGN) viene aplicando periódica e intensamente los mecanismos para terminar con las internaciones involuntarias que se extienden sin justificación. Y lo hace sólo en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción y en sólo 8 meses atendió más de 1700 casos: cerca del 75 por ciento de las personas resultaron externadas, derivadas a otros lugares intermedios o aceptaron transitoriamente su internación una vez revisada. En el resto del país, aún faltan establecer estos controles. “Tratamos de resolver extrajudicialmente los casos porque es más rápido para externar un paciente. Constatamos fallas de tratamiento, inactividad general para externar, sobremedicación y contenciones físicas, es decir ataduras a pacientes, que eran innecesarias”, explicó a Página/12 el director de la Unidad de Salud Mental de la Defensoría, Mariano Laufer.
Las internaciones involuntarias, a partir de la nueva ley, sólo pueden imponerse cuando existe el “riesgo cierto e inminente” de que alguien se hará daño a sí mismo o a terceros, antes bastaba con “el riesgo potencial” de que esto sucediera. Como la norma no fue reglamentada aún, pese a las distintas consultas y foros realizados, el órgano de control y revisión de este tipo de intervenciones ponderado en la ley no está en funcionamiento. Sin embargo, la DGN lanzó la Unidad de Salud Mental en agosto del año pasado, amparada en la nueva normativa y dedicada sólo a mayores de edad, por el momento.
“La Unidad cuenta con 22 personas. Hay nueve abogados, tres psicólogos, tres psiquiatras y tres trabajadores sociales, entre otros. El objetivo es lograr que se respeten los derechos de los pacientes y que su voz sea escuchada”, dijo Laufer. El asesoramiento es gratuito y dos de cada tres consultas sobre pacientes que requieren un abogado defensor, según un informe divulgado por la DGN, provienen directamente de las clínicas y hospitales, el tercio restante llega de parte de algunos de los 24 juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, con competencia en asuntos de familia.
En estos primeros ocho meses se pasó de controlar 19 a 27 instituciones. “Recorremos a diario los neuropsiquiátricos públicos de la ciudad: Borda, Moyano y Alvear. También las áreas de salud mental de los hospitales Piñero y Alvarez, una serie de clínicas privadas y una comunidad terapéutica que se llama Gradiva”, comentó Laufer. El trabajo comienza con averiguar las necesidades y anhelos del paciente y se contacta a la familia, agregó. Luego se revisa su historia clínica, se dialoga con el personal de la institución y se analiza la internación: la ley requiere que sea “lo más breve posible”.
“Tratamos de contactar a la persona dentro de los primeros días hábiles de recibida la consulta. Y escuchamos quejas. Pueden ser por la medicación, el impedimento de paseos o de llamados telefónicos o pretensiones de otro tipo de tratamiento, ambulatorio por ejemplo. Nosotros tratamos de que la gestión judicial sea el último recurso cuando piden la externación por los tiempos judiciales. Generalmente logramos que la propia institución les dé salida”, detalló Laufer. Cuando existe un proceso de insania o inhabilitación de la persona, los casos son analizados por los abogados de la DGN.
Algunas veces son los familiares quienes pretenden extender la internación y es preciso que los integrantes de la Unidad de Salud Mental les muestren otros tipos de opciones, ya que se prioriza la voluntad del paciente. También puede haber desidia de parte de las instituciones, que cuanto más retienen a la persona más les cobran a las obras sociales y prepagas, aunque estas últimas también controlan esto para evitarlo. “El asunto se agrava en los lugares públicos, que no tienen límites impuestos por las coberturas de salud privadas, y con usuarios de drogas ante el supuesto riesgo de una futura recaída del paciente”, comentó el titular del área.
Aunque no se acude mayormente a la Justicia para externar, las veces que se contacta a un juzgado, las repuestas son favorables al paciente. Muchos jueces ignoran las condiciones de los tratamientos y tampoco las controlan, pese a las indicaciones emanadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Tuffano, que exige un control activo y periódico. De los 1700 casos, 40 fueron judicializados y en la mitad de éstos no hizo falta aguardar la decisión judicial porque la propia institución, al enterarse del embate legal, accedió a externar al paciente.
Cuando se detectan fallas estructurales en el servicio brindado, los integrantes de la Unidad de Salud Mental derivan el caso a la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Neuropsiquiátrico de la DGN, que hace la denuncia a la Superintendencia de Salud o incluso ante las obras sociales y prepagas. El balance difundido por DGN, tras ocho meses de trabajo, muestra los cambios que traerá la Ley de Salud Mental cuando se reglamente y extienda su aplicación: “Cerca del 75 por ciento de las personas defendidas fueron externadas y derivadas con su consentimiento a ámbitos de tratamiento menos restrictivos, o aceptaron voluntariamente sus internaciones”.
Cada mes, en la ciudad se suman alrededor de 200 nuevas internaciones involuntarias y por día, según la DGN, se reciben, en promedio, 11 nuevos pedidos de defensa oficial al 4342-5838. “La Unidad permite agilizar todos los procesos y fortalecer la defensa y el acceso a la Justicia de estas personas en especial situación de vulnerabilidad –explica el balance–. De este modo se pretende garantizar el derecho a la salud de las personas, pero también su reconocimiento como ‘sujetos de derecho’ en sentido amplio, con capacidad de decidir sobre sus vidas y defenderse legalmente como el resto de los ciudadanos.”
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