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El diputado del PRO Alfredo Olmedo quedó nuevamente en medio de un fuerte cuestionamiento, esta vez por la presentación de un polémico proyecto de ley. El salteño de la campera amarilla propone incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte. La iniciativa sería violatoria de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. Pero además, en los fundamentos, Olmedo citó a una abogada, experta en Justicia internacional, Mariana Rodríguez-Pareja, directora del Area de Derechos Humanos de la organización Asuntos del Sur, quien salió a denunciar que sus dichos habían sido tergiversados por el diputado y pidió que los retire de la justificación del proyecto.
“El proyecto de Olmedo nada tiene que envidiar a la ablación de clítoris tan común en ciertas regiones de Africa, en tanto que ambas prácticas son degradantes y contrarias a los derechos humanos”, indicó Rodríguez-Pareja. La propuesta legislativa es “un verdadero disparate, desde los fundamentos hasta su parte dispositiva”, evaluó Mario Juliano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal.
Olmedo se hizo conocido por sus claras manifestaciones homofóbicas, ultraconservadoras y por tener denuncias en su contra por explotación laboral y trabajo esclavo en sus campos sojeros en la provincia de Salta. Ahora pretende extirparles la uretra a los hombres condenados por violación o violación seguida de muerte y aplicarles una droga que disminuye o anula el deseo sexual a los pedófilos. Y para justificar su propuesta comparó la situación argentina con los contextos de conflicto armado, en los que las violaciones a las mujeres son parte de una estrategia bélica.
En los fundamentos de su proyecto, Olmedo escribió: “Señores colegas, a modo de información, les transcribo una parte de un trabajo realizado por Mariana Rodríguez-Pareja (Asuntos del Sur) que transcribe un documento de la morada Chile que dice que en Ruanda, más de 500 mil mujeres fueron violadas durante el genocidio; en Sierra Leona, más del 50 por ciento de las mujeres sufrió alguna forma de violencia sexual durante el conflicto de 1999; en Bosnia, entre 20 y 50 mil mujeres fueron violadas; en Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recibió más de 1500 denuncias de violaciones sexuales contra las mujeres, en su mayoría indígenas. Por las razones expuestas y en virtud a la realidad social que vivimos en nuestro país es que les solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley”.
La mención de su trabajo, fuera de contexto, en el proyecto del diputado del PRO, indignó a Rodríguez-Pareja. “En primer lugar, reconozco la gravedad que revisten los delitos de violación, de violación seguida de muerte y el delito de pedofilia. Sin embargo, rechazo de plano cualquier pedido de reforma del Código Penal que incorpore las figuras de castración química y/o física en el derecho positivo argentino. La adopción de esas figuras resulta contraria a los compromisos asumidos por la República Argentina en tratados de derechos humanos, algunos con rango constitucional, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica”, agregó Rodríguez-Pareja. “Es evidente que existe una confusión en la línea argumentativa por parte de los asesores del diputado, dado que resulta inviable justificar su pedido de reforma utilizando como uno de los argumentos la compleja situación de la mujer, especialmente en contextos de conflictos armados”, agregó la abogada.
La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana, coincidieron Juliano y Rodríguez-Pareja. “Además, este tipo de sanciones podrían ser consideradas como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos”, apuntaron. “No tardaría un segundo en que nuestro país fuese condenado ante Tribunales internacionales”, advirtió Juliano, profesor invitado de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Comahue.
El proyecto propone reformar el Código Penal e incorporar como castigo para quienes se encuentren con sentencia firme por el delito de pedofilia la castración química. Y la castración física, para quienes se encuentren condenados con sentencia firme por los delitos violación y violación seguida de muerte. En ambos casos, se aplicarían junto con la pena privativa de libertad. “Propuse castración física para los violadores y química para pedófilos y abusadores. En este tema hay que cortar por lo sano y sin anestesia. Es un tema que a la sociedad (argentina) la está violentando”, manifestó Olmedo en declaraciones a una radio.
Entre las razones que lo llevaron a presentarlo alegó: “Hay muchos casos conocidos, pero lo que es peor, hay muchos que no se conocen y pasan en el seno de una familia”. “Lo que planteo es que si hoy se está abusando, el abusador piense que lo pueden castrar, se asuste y se cuide” porque “en la mayoría de los casos es un violador oportunista”, sostuvo Olmedo.
Para Juliano, experto en Derecho Penal, este proyecto “se inscribe dentro de la corriente de la demagogia punitivista, irresponsable y chabacana, que pretende afrontar conflictos sociales muy serios en forma simplista”. “Los fines, por más legítimos que resulten, no justifican el empleo de cualquier medio, repugnante a un Estado democrático de Derecho. La ciencia, el saber aplicado, tienen respuestas más elaboradas para este tipo de conflicto, respetuosas de la dignidad de las personas”, opinó Juliano.
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