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El 1º de junio, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos con un sorpresivo y considerable descuento en nuestros salarios. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, descontó dos días por paros realizados en noviembre del año pasado, el adicional salarial y el proporcional del aguinaldo cobrado en diciembre del 2011. El hecho muestra, una vez más, varias contradicciones del líder conservador.
1. Previsibilidad: el mismo jefe de Gobierno que no se cansa de declamar que le gustaría vivir en un país “previsible” recorta a su antojo los salarios de los trabajadores, siete meses después de producida la medida de fuerza. Los docentes de la ciudad no podemos tener ni siquiera previsibilidad en el salario. Un descuento, argumentando un hecho ocurrido más de medio año antes del descuento, carece de toda razonabilidad y violenta la seguridad y certeza a las que tiene derecho cualquier trabajador respecto de su salario. La Ley de Contrato de Trabajo establece un plazo de 90 días para retener salarios, en caso de un hecho de “daños graves e intencionales”. Al margen de que en este caso se trata de nuestro derecho constitucional de huelga, es evidente que existen límites temporales a la facultad de retención de haberes. Con estos argumentos, hemos presentado un amparo en la Justicia de la ciudad, patrocinados por los abogados de la Corriente 14 Bis, que tramita el juzgado de Eduardo Schleiber.
2. Institucionalidad: las medidas de fuerza en cuestión se produjeron contra el proyecto de anulación de las Juntas de Clasificación. El mismo día que la Legislatura votó la modificación de las Juntas, votó también una declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que se abstuviera de realizar descuentos por los paros docentes.
Uno de los argumentos centrales de Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich, en torno del conflicto de las Juntas, fue que ellos eran respetuosos de lo que resolviera la Legislatura porteña. Sin embargo, los únicos que respetamos a la Legislatura fuimos los trabajadores, pese a seguir repudiando el contenido de la ley aprobada. En cambio, al gobierno porteño no le interesó en lo más mínimo respetar el pedido consensuado en la Legislatura.
3. Coherencia: pero Macri no sólo es incoherente con sus dichos, también contradice a sus propios legisladores. El bloque del PRO permitió, con su voto, el tratamiento sobre tablas del pedido de suspensión de los descuentos. Una vez más, Macri actúa en contra de su propio bloque de legisladores.
¿Qué motivo poderoso lleva al jefe de Gobierno a tantas contradicciones? La respuesta está en la resistencia que familias, estudiantes y docentes opusimos al cierre de cursos durante este año. Los abrazos, movilizaciones y protestas de todo tipo que promovimos junto a la comunidad educativa no podían ser sancionados con descuentos salariales como los paros. Por eso tuvo que ir hasta el 2011 para encontrar un elemento que le sirviera de represalia. Porque lo que irrita al jefe de Gobierno es que haya quien defienda la educación pública ante su política de achicarla y darle un papel subsidiario respecto de la privada.
Está claro que no va a lograr que dejemos de defender la escuela pública. Pero, además nos proponemos multiplicar la calidad de esta defensa. El conflicto por el cierre de grados reafirmó nuestra convicción de que junto a la comunidad tenemos que hacer que la escuela pública esté abierta a toda la comunidad, por eso reclamamos más escuelas y vacantes en la zona sur y, también, que toda la ciudad elija la educación pública. Por eso, hoy en la Manzana de las Luces damos inicio a la campaña “Pública, la escuela de tod@s”. Para poner en valor los sentidos positivos de inclusión, calidad, ciudadanía que sólo la escuela pública puede garantizar. Porque “pública” es la educación que además de preparar para el futuro lo transforma.
* Unión de Trabajadores de la Educación.
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