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El gobierno de la provincia de Córdoba avanza con el cierre de prostíbulos. Desde la sanción de la ley que prohibió el funcionamiento de locales donde se comercia sexo, hace poco más de un mes, se cerraron 156, entre pubs, whisquerías y cabarets, y fueron detenidas 42 personas que los regenteaban, según informó a Página/12 la secretaria de Prevención de la Trata de Personas de la gobernación, María Amelia Chiofalo. “La ley es operativa en todo el territorio provincial, independientemente de los municipios”, aclaró la funcionaria, luego de que el intendente de Villa Carlos Paz expresara su resistencia a acompañar la normativa. Empresarios de la noche darán batalla: ya presentaron varios recursos de amparo contra la ley, que apunta a prevenir la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. No son los únicos que se oponen a su aplicación: desde Ammar-Córdoba, la asociación que agrupa a meretrices y pretende la regulación de la prostitución como trabajo sexual, rechazan la normativa y proponen que desde el Estado se impulse la creación de cooperativas de prostitutas.
“Es una buena ley. Ya se han cerrado prostíbulos y encontrado mujeres víctimas de trata. Como bloque radical planteamos que también se trabaje en la prevención y en agilizar respuestas de empleo para las mujeres en situación de prostitución”, señaló a este diario la diputada provincial Olga Rista, de la UCR. Rista impulsó la sanción de otra ley, aprobada en las últimas semanas, que incorpora la problemática de la trata en la currícula escolar, a partir de quinto grado del nivel primario y en el secundario de la provincia, para trabajar en la prevención desde las escuelas, tanto públicas como privadas. “Se está empezando a implementar”, comentó.
La embestida contra los prostíbulos que funcionan bajo la máscara de whisquerías u otros locales nocturnos habilitados por los propios municipios fue elogiada por la madre de Marita Verón, Susana Trimarco. La ley establece la prohibición de los locales donde hay explotación sexual y la clausura de los que están abiertos. Para los responsables de los establecimientos prevé la aplicación de una sanción de 60 días de arresto no redimible por multa: se la considera una falta, más allá de que se abran en forma paralela investigaciones judiciales por el delito de trata o proxenetismo. “En este tipo de locales o hay víctimas de trata o de proxenetismo. Las mismas integrantes de Ammar lo reconocieron cuando expusieron en las audiencias que se hicieron en la Legislatura, donde afirmaron que el proxeneta se queda con el 50 por ciento de la recaudación”, fundamentó la normativa Chiofalo. En Argentina no está penada la prostitución, pero sí la explotación por terceros.
Desde Ammar-Córdoba siempre se diferenció lo que ellas llaman “trabajadora sexual” de la víctima de trata, y en ese marco, durante el debate en comisiones previo a la sanción de la ley, la entidad que encabeza Eugenia Araveno acercó una propuesta que finalmente no fue tenida en cuenta para permitir que las meretrices pudieran organizarse en cooperativas. Están en contra de la ley porque alegan que con el cierre de las llamadas whisquerías se las empuja a obligar a ejercer la prostitución en la calle y sostienen que es más seguro hacerlo dentro de un local. “Los prostíbulos están prohibidos, pero se fueron generando mecanismos ilusorios para violar esa prohibición. No vamos a conceder que la prostitución es un trabajo. Adentro de los prostíbulos se están violando los derechos humanos”, responde Chiofalo.
De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio de Seguridad y la policía cordobesa, se detectaron 156 locales donde había explotación sexual en todo el territorio provincial: algunos habilitados por los municipios y otros no, dijo Chiofalo. “El día que se aprobó la ley, el 30 de mayo, sus propios dueños cerraron entre el 40 y el 50 por ciento. Otra tanda se cerró con la promulgación, el 8 de junio. Habían quedado abiertos otros 35 que también fueron clausurados. Pero hay que hacer un monitoreo constante para controlar que no abran nuevos, que no reabran los antiguos y que no muten en otras formas como departamentos privados”, indicó Chiofalo. En los procedimientos, se encontraron 93 mujeres en situación de prostitución, dijo la funcionaria. “Algunas eran víctimas de trata. Se hizo un abordaje según la voluntad de esas personas. Fueron trasladadas 55 desde distintos puntos de la provincia a la capital para darles contención. Había once dominicanas, cinco de las cuales estaban en situación migratoria irregular, nueve paraguayas y 36 jóvenes provenientes de distintas provincias. La amplia mayoría, 22, de Santa Fe, que ingresaron a la prostitución cuando eran menores de edad. Nos encontramos también con chicas de 18 años. Y con una formoseña de 22 que era obligada a prostituirse desde los 10 años”, detalló Chiofalo.
La primera jurisdicción en quebrar el aval del Estado a la explotación sexual de mujeres en burdeles fue Santa Rosa, capital de La Pampa, en 2009, a partir de la iniciativa de la entonces subdirectora de Políticas de Género del municipio, Mónica Molina. Desde entonces varias localidades de distintas provincias han seguido los mismos pasos. Pero Córdoba es la única tiene una ley para toda la provincia. Molina elogió la norma: “Si no hay una bajada de línea desde arriba es difícil avanzar. Son pasitos”, dijo.
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