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El fiscal amplió a “contaminación dolosa reiterada” la acusación contra uno de los productores agropecuarios por uso de agroquímicos en las proximidades del barrio Ituzaingó, de la capital de Córdoba. Como consecuencia, el juicio oral quedó suspendido hasta el 16 de julio, a fin de que el abogado del imputado pueda reorganizar su defensa.
El juicio oral tiene como acusados a los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, dueños de campos de soja situados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, y al dueño del avión fumigador, Edgardo Pancello. Los empresarios están imputados como “instigadores” del delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 55 de la Ley 24.051. Marcelo Novillo Corvalán, a cargo de la fiscalía, decidió ampliar la acusación a Parra como “presunto coautor de contaminación dolosa reiterada”. La escala penal, sin embargo, no varía: va de tres a diez años de prisión. La perduración del delito se habría extendido desde octubre de 2003 hasta febrero de 2004, y como sustancias tóxicas, además de endosulfán y glifosato, se agregan DDT y Dieldrín, 2.4-D y clorifos.
Al ampliarse la acusación, la Cámara del Crimen notificó al abogado defensor y decidió aplazar el juicio hasta la finalización de la feria judicial de invierno, que en Córdoba se extiende desde el 2 hasta el 15 de julio.
Juan Manuel Aráoz, defensor de Parra, sostuvo que “en lo que hace a la defensa material, no hay ninguna variación. Parra sigue negando haber aplicado esos productos y niega, asimismo, haber aplicado otros productos, como esgrime el fiscal en la ampliación de la acusación”.
Además de Parra y Gabrielli, está imputado el piloto fumigador Edgardo Jorge Pancello, en carácter de autor de contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para la salud humana.
La acusación ya venía sosteniendo que en las fumigaciones se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba, Nº 9164, que prohíbe la aplicación aérea de esos agroquímicos a menos de 1500 y 500 metros de distancia, respectivamente, de áreas urbanas. Los hechos habrían ocurrido cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado al barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, en relación con la presencia de productos agroquímicos contaminantes. Hay otra investigación en marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes.
Una de las impulsoras de la causa fue Sofía Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, que por esta militancia ambiental, en abril pasado, recibió el Premio Ambiental Goldman, que todos los años se concede en San Francisco, Estados Unidos.
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