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Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender dejaron ayer a la noche el penal de Ezeiza, donde estaban detenidos desde mediados de mayo, imputados como jefe y organizador, respectivamente, de una asociación ilícita que desvió fondos públicos que debían usarse para construir viviendas sociales. Con los votos de dos de sus tres integrantes, la Sala I de la Cámara Federal les redujo de 4 millones a 40 mil pesos la fianza que les había fijado el juez Norberto Oyarbide como condición para que recuperaran la libertad. El tribunal bajó al mismo monto la caución de dos millones de pesos que le había tocado al contador Alejandro Gotkin. Los tres, a través de sus abogados defensores, consiguieron depositar rápidamente el dinero y, aunque siguen bajo sospecha, podrán permanecer en libertad mientras dure la investigación judicial.
Sergio dejó el penal de Ezeiza pasadas las 20. Al salir aprovechó las cámaras que lo esperaban y una vez más despotricó contra Oyarbide, a quien describió como un “personaje siniestro” que trabaja “presionado por el Gobierno”, y contra la titular de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Dijo que después de que él dejó la entidad, un año atrás, hubo “malversación de fondos”, “con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal”. “Nunca puse el culo (sic) en una Ferrari, ni siquiera en el asiento del conductor. No sé cómo es ese auto por dentro”, ironizó. Según un allegado a Schoklender, a Capital lo llevó un periodista de Radio Mitre. Pablo se había ido un rato antes, con bajo perfil. Lo fue a buscar su novia Noelia, también imputada. Sus compañeros de pabellón, la mayoría extranjeros, le hicieron una despedida en la que cumplió con la ceremonia tumbera de dejarles sus cosas. Libros, ropa y hasta una plancha. Gotkin logró pasar inadvertido.
La Cámara ya había ordenado la excarcelación de los tres al considerar que sus detenciones estaban injustificadas y que no había “riesgo procesal” a la vista. Lo que sucedió fue que Oyarbide les fijó fianzas elevadas que sus abogados apelaron por considerar imposibles de satisfacer. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler les dieron la razón ayer. Señalaron que el juez debió considerar la situación patrimonial actual de los imputados, ya que sus inmuebles se encuentran embargados y todos sus bienes inhibidos por decisión de él.
Ballestero dijo que la fianza establecida por Oyarbide era de “quimérico cumplimiento”. Lo acusó de basarse en una “estimación” patrimonial “absolutamente foránea a la temática que aquí correspondía atender” con la intención de “denegar” de manera “implícita” el derecho a la excarcelación que había reconocido la Cámara. Freiler enfatizó que la regla es que la caución está para “asegurar el sometimiento del imputado al tribunal”, pero no para “impedir su libertad”. El tercer camarista, Eduardo Farah, votó por mantener los 4 millones de fianza. Para él había que considerar el enriquecimiento, el alto grado de sospecha y que les puede tocar una pena de cumplimiento efectivo.
El monto quedó en 40 mil pesos, tomando como referencia la garantía que dio Pablo Schoklender cuando pidió permiso para salir del país. Al mediodía los abogados de Pablo Schoklender y de Gotkin fueron los primeros en depositar el dinero en el Banco Ciudad. Patricia Alonso, quien fuera mano derecha de Sergio, también imputada, se habría ocupado de juntar el dinero para él.
Sergio había estado ayer mismo en los Tribunales de Retiro, donde volvió a ampliar su indagatoria. Al salir reprodujo ante la prensa lo que le había dicho al juez: que después de su salida de la fundación, durante la gestión de Bonafini y su hija Alejandra, “desaparecieron unos 130 millones de pesos en certificados de obras”. Insistió en mencionar que el vicepresidente Amado Boudou planeaba obtener acciones de Meldorek, una de las empresas usadas para desviar fondos, pero admitió que no tenía pruebas.
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