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La Legislatura de Mendoza dio marcha atrás en la defensa de las garantías constitucionales al dar media sanción a un proyecto del diputado provincial Luis Petri, de la UCR. El retrógrado proyecto impide el otorgamiento de beneficios en el llamado “período de prueba” para los condenados por delitos violentos, como homicidios agravados, ataque contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo y tortura seguida de muerte. Al más puro estilo Blumberg, el proyecto terminará traduciendo en hacinamiento en cárceles sin que esté demostrado que leyes de este tipo modifiquen las tasas delictivas.
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