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En Florencia –una población santafesina de unos siete mil habitantes, al límite con el Chaco–, tres jóvenes denunciaron a la policía local. Dos de ellos fueron liberados esta semana después de haber permanecido detenidos tres meses, y al otro lo mantenían bajo proceso, con pruebas obtenidas durante un interrogatorio bajo tortura y recibidas como buenas por el mismo juez que desde 2008 lleva acumuladas en su juzgado al menos una docena de denuncias por torturas contra la misma comisaría, sin haber resuelto ninguna. El defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, presentó un hábeas corpus extraordinario ante la Corte santafesina. Ayer, Página/12 pudo confirmar que el caso ya es analizado por la Relatoría Especial contra la Tortura de la ONU, con sede en Ginebra.
A mediados de mayo, un adolescente de 18 años, Roberto Valenzuela, fue trasladado a los calabozos florentinos, en el marco de una investigación por el hurto de motos en el pueblo. En la comisaría se encontró con otros dos detenidos en las mismas condiciones que él: Lucio Prieto y Martín Gómez, ambos de 19. La línea de hipótesis de los uniformados la comprendieron rápidamente.
“Empezaron a pegarme en el calabozo y después me llevaron a una oficina con una computadora y ahí también me pegaban –denunció Valenzuela–. Cuando me pegaban, me decían que dijera qué más tenía y dónde estaban las cosas, porque en Florencia se perdieron muchas cosas más, ventiladores, camas y otras cosas, y que tenía que hablar.”
También denunció que lo picanearon en las nalgas y lo golpearon. Dijo que los obligaron a “hacer gimnasia”. “Yo vi cuando en otra pieza los llevaron a los otros y les ponían las bolsas de nylon en la cabeza y sentía ruido a mesas que se movían y puertas”, describió Valenzuela con tanto detalle que resultaba fácil imaginarlo en un video.
Prieto aseguró que “empezaron a pegarme y no nos dejaban dormir y nos hacían hacer gimnasia en el calabozo o en la oficina, eran flexiones lo que hacíamos, y cuando no me podía levantar del cansancio me pegaban en la cabeza con la cachiporra. Me pegaron, me pusieron picana en la lengua y en la carretilla. Me hicieron comer tierra y cebo crudo. Me pusieron una bolsa blanca con manijas en la cabeza y querían que les diga que yo había vendido dos motos en Las Toscas y yo les contestaba que no, porque yo no lo hice”.
El tercero, Gómez, denunció que “nos hicieron bañar juntos y que nos besáramos con mis compañeros, mientras nos filmaban con un celular (el que filmaba con un celular era uno petiso). Había una mujer policía (que trabaja en Florencia pero es de Guillermina, y es una mujer de pelito cortito) que me ponía una cachiporra en la boca y me la hacía chupar y filmaron todo. Me pusieron también una bolsita en la cabeza. Después uno vino y me dijo: ‘Si te querés ir a tu casa, chupámela’, y hacía como que se iba a bajar el cierre, pero después no se lo bajó”.
Tal como surge de la denuncia, había un video (revelador como el de Salta o el de Mendoza), pero alguna sospecha o filtración derivó en la confiscación policial de todos los teléfonos de los uniformados. Lo sorprendente es que los tres siguen bajo proceso del juez de Reconquista, Virgilio Palud, del Juzgado de Instrucción. Palud estuvo dispuesto a aceptar las declaraciones como válidas, con lo que no se volvió demasiado confiable para los detenidos a los efectos de denunciar sus torturas. Al menos una docena de causas por torturas fue radicada en su juzgado desde 2008 sin que ninguna haya tenido resolución.
Ganón presentó un hábeas corpus extraordinario ante la Corte Suprema de Santa Fe, donde además de denunciar las torturas pidió la nulidad de lo actuado, la inconstitucionalidad del artículo 190 del CPP que habilita a la policía a realizar sumarios y el apartamiento del juez.
La Corte rechazó el pedido porque se había transformado en un per saltum, pero ordenó a jueces y fiscales que se verificara el incumplimiento de los derechos y garantías de los detenidos. Uno de los integrantes de la Corte, Daniel Erbetta, dijo a este diario que “el fallo le da operatividad a una garantía constitucional; y si asegurar el derecho que tiene una persona de entrevistarse con su abogado defensor es limitar el poder policial, este fallo limita el poder de la policía”.
A los seis días de la presentación por el hábeas corpus, otros dos detenidos denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales.
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