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La abogada de Romina Tejerina, Mariana Vargas, conocida por su militancia social y en defensa de los derechos de las mujeres en Jujuy, fue denunciada ante el Colegio de Abogados de esa provincia por escrachar a dos hombres denunciados por abuso sexual y podría ser castigada con la suspensión de su matrícula. Una de las denuncias que pide una sanción disciplinaria para la letrada fue presentada por un acusado de abusar de su sobrina durante siete años, que trabaja en una concesionaria de autos de la capital provincial, empresa que tiene justamente como representante legal al presidente del Colegio de Abogados, dijo Vargas. El proceso que enfrenta es visto por organizaciones del movimiento de mujeres como una persecución en represalia por su activismo contra la impunidad en casos de abuso y violación en el norte argentino. En los últimos días, la abogada recibió numerosas expresiones de apoyo y solidaridad, desde distintos puntos del país, de entidades, legisladoras, académicas, y también del cantante León Gieco.
En general, los procedimientos ante el Tribunal de Etica tienen que ver con clientes de abogados que se sintieron defraudados por sus defensores porque les jugaron en contra o porque se quedaron con dinero que no les correspondía. Por eso, este caso es inédito. Según explicó Vargas a este diario, la primera denuncia cuestiona el hecho de que ella subió a su Facebook un afiche con la foto de Antonio Sánchez, denunciado ante la Justicia por abusar de su sobrina desde los 7 hasta los 14 años, en el que se exigía su detención. Esos mismos afiches fueron exhibidos frente a la concesionaria de autos donde trabaja el acusado, en San Salvador de Jujuy, en un escrache organizado por La Casa de las Mujeres en Lucha, una organización a la que pertenece Vargas. En esa acción puntual la abogada no participó porque, según precisó, se encontraba en Buenos Aires.
La segunda denuncia en su contra fue promovida ante el Colegio de Abogados de Jujuy por un médico cirujano acusado penalmente de obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica. Vargas explicó que ese médico fue sobreseído en primera instancia en un fallo dictado por el Juzgado de Causas Residual de la ciudad de San Pedro, de Jujuy, y actualmente tramita en la Justicia un recurso apelación. Vargas representa legalmente a la denunciante. “En un fallo escandaloso, los jueces le exigieron a la víctima del abuso sexual la prueba de resistencia física ante el ataque sexual, para tener por existente el mismo, lo que no exige nuestra ley”, señaló Vargas. La abogada no pudo acceder al contenido de la segunda denuncia. Según trascendidos, dijo, se le cuestiona no usar el potencial para referirse al acusado, dado que Vargas siempre lo menciona como “abusador sexual” de la joven que lo denunció y no como “presunto abusador”.
“Expreso mi solidaridad con la abogada Mariana Vargas, quien está siendo hostigada mediante denuncias por personas que fueron denunciadas por abuso sexual a una joven y a una niña jujeñas”, dijo Gieco a este diario. Y advirtió que las denuncias en su contra “no cuestionan la falta de ética de Mariana Vargas, sino su acompañamiento profesional y social a las víctimas de semejante flagelo. Este proceso sancionatorio contra ella es un proceso sancionatorio contra todo el movimiento de mujeres”, agregó el cantautor.
“Este hecho puede ser grave porque voces del Colegio de Abogados comparten esta posición de perseguir a la abogada suspendiéndola en la matrícula, a fin de detener la acción social que desde hace tiempo cobra vigencia: los escraches públicos que persiguen la condena social ante la inacción e impunidad de la Justicia”, dice la declaración que recibió más de 300 adhesiones, entre ellas de la diputada radical María Luisa Storani, la psicoanalista Martha Rosenberg, del Foro por los Derechos Reproductivos, la Comisión por los Derechos de las Mujeres del Colegio de Psicólogos de Rosario, la Multisectorial de Mujeres de Mar del Plata, Mujeres por la Solidaridad de La Pampa, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR) y la Colectiva Feminista La Revuelta, entre otras organizaciones y personas.
El 16 de agosto, Vargas, junto a sus dos abogadas patrocinantes, planteó ante el Colegio de Abogados la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo de la entidad por las que se elevaron al Tribunal de Etica las denuncias. Fundamentó su pedido en el hecho de que el presidente del Colegio, Mario Mallagray, no se apartó de la deliberación ni de la votación de tal decisión, a pesar de ser abogado de la firma en la que se realizó el escrache a Sánchez por trabajar allí; una acción que habría generado que la empresa lo “sacara de circulación”, según trascendió, para no dañar su imagen. También objetaron que no se la haya notificado a Vargas del contenido de la segunda denuncia, violando así el derecho a la defensa.
Vargas fue durante varios años la abogada de Romina Tejerina, la joven de San Pedro condenada por matar a su beba recién nacida. A Tejerina la Justicia nunca le creyó –como ella siempre afirmó– que había sido violada, y en cambio se dio por cierta la versión del hombre a quien ella señalaba como su victimario –que la duplicaba en edad–, que la relación sexual entre ambos había sido consentida. Frente a otras causas en las que jueces no creen a las denunciantes de abuso sexual o violación, distintas organizaciones de mujeres en las que milita Vargas han recurrido a los “escraches”. En diálogo con este diario, Vargas señaló que “los escraches son el camino que hemos encontrado para lograr la condena social, especialmente cuando no hay justicia. Si la Justicia no les cree a las víctimas, y no acusa ni condena a violadores, con los escraches nos arrogamos ese derecho a hacer justicia. Aprendimos de HIJOS, cuando hacían los escraches a los genocidas en medio de la impunidad, y ayudaron con ese accionar concreto a la anulación de las leyes de impunidad. Nosotras entendemos que en relación con las violaciones ocurre algo similar: se exige a las víctimas que prueben la resistencia al ataque, y ello garantiza impunidad, y que sólo denuncien el diez por ciento de las víctimas. Hasta a una nena de 11 años, embarazada por su padrastro, con una prueba de ADN positiva, es decir, lo que podríamos pensar que es un caso cerrado, se le pregunta: ‘¿Por qué no hablaste?’. Es terrible. Entonces ¿qué le queda a una adolescente que no se resistió porque pensaba que las consecuencias serían peores? Los escraches hacen lo que la Justicia aún no hace y que pretendemos que haga”, sostuvo Vargas. Desde su punto de vista, detrás de las denuncias en su contra hay “una persecución ideológica y no una cuestión de ética profesional”.
Estará en el Consejo de este Colegio “dar garantías de libertad ideológica a sus matriculados en el ejercicio de la profesión que regula y no convertirse en una herramienta de disciplinamiento social”, apuntó Vargas.
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