Una jueza ordenó ayer que la empresa TBA, concesionaria del ferrocarril Mitre, y el Estado deberán habilitar en las estaciones accesos alternativos a los molinetes para personas discapacitadas en un plazo máximo de 10 días. El dictamen de la jueza Claudia Rodríguez Vidal establece que si no se cumple la sentencia, TBA deberá pagar 10 mil pesos por día de demora en la ejecución de las obras y los funcionarios públicos responsables incurrirán en el delito de desobediencia. La causa se inició hace cinco años, cuando la docente con discapacidad motora María Inés Verbrugghe presentó un amparo junto con el CELS contra TBA y la Secretaría de Transportes.
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