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La comisión de la Legislatura bonaerense para el esclarecimiento del crimen de Candela Sol Rodríguez pidió ayer que se enjuicie a funcionarios judiciales y exonere a varias autoridades policiales, entre ellas, el actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin. “El espectacular accionar policial durante la búsqueda de la niña tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso”, señaló ayer el presidente de la comisión, Jorge Ruesga, durante la presentación del informe. Luego aseguró que la Policía Bonaerense encubrió el móvil del asesinato y también a los autores por sus intereses en el negocio del narcotráfico, que aparece como verdadero motivo del crimen. Además, “el fiscal interviniente dejó en manos de la policía la conducción de la investigación y consintió el armado de la causa”, asegura el legislador, citando el informe.
El texto final, de aproximadamente 300 páginas, fue consensuado por siete de los nueve integrantes de la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez, creada por el vicegobernador Gabriel Mariotto: integrantes del Frente para la Victoria, el Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica. En minoría quedaron los informes del legislador sciolista Alberto De Fazio y del representante del bloque Unión Pro peronista, Aníbal Aseff. El informe final llega tras cinco meses de audiencias por las que pasaron abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, familiares y referentes comunitarios.
“Según la información relevada por esta comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narcosecuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”, señaló Ruesga. En este sentido, para la comisión, el secuestro y asesinato ocurrieron en el partido de San Martín y no en Hurlingham, donde se centró la búsqueda de la niña y la posterior investigación, para encubrir los vínculos entre la policía y los narcos en San Martín.
Sobre la composición de la Mesa de Crisis que se formó en ese momento, según relató Ruesga, no existen antecedentes de mesas integradas por tanta cantidad de funcionarios y de niveles jerárquicos tan diversos. “La policía trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos –afirmó el legislador–. El accionar de esa mesa fue dirigido fundamentalmente a dar respuesta a los medios y a la población.”
Para los legisladores, hubo una operación de prensa digitada por la cúpula policial que incluyó, tras el hallazgo del cuerpo, la demonización de la madre de Candela “para frenar las movilizaciones populares en demanda de justicia”.
Otras cuestiones relativas a la policía mencionadas ayer también están en la resolución de la Cámara III de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón del 17 de abril 2012, que liberó a todos los detenidos por el caso. Entre otras: la evidencia “plantada” por la policía en la casa ubicada en Kiernan 992 para afirmar que la niña estuvo secuestrada allí y el manejo inescrupuloso de los testigos de identidad reservada para detener a los supuestos autores materiales e intelectuales del hecho.
“Los peritos sólo tuvieron entre 30 y 40 minutos para realizar el levantamiento de evidencias físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo de Candela. Todos lo vimos, el lugar fue invadido por una multitud de funcionarios políticos, policiales y familiares”, recordó el senador. Aquel 31 de agosto estuvieron allí el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal. “Peritos reconocidos afirmaron ante esta comisión que no se cumplió con las técnicas de rutina de preservación del lugar, llegando a decir que por allí pasó una ‘manada de elefantes’”, agregó.
El informe, que será elevado a la Procuración bonaerense para que se analicen la actuaciones de los funcionarios judiciales, aconseja denunciar por “mal desempeño” a los fiscales Federico Nieva Woodgate, Marcelo Tavolaro, Leonardo Lisa, al juez de garantías Alfredo Meade y al defensor oficial Oscar Rombolá. La comisión también “observa” al Ministerio de Justicia y Seguridad por falta de conducción de las fuerzas de seguridad, negligencia ante el comportamiento de la cúpula policial y deficiencia en cuanto a la Auditoría de Asuntos Internos para investigar a las fuerzas.
La lista de policías que se recomienda exonerar incluye al ex jefe de policía Juan Carlos Paggi; al actual Matzkin; el director del área científica, Pablo Vázquez; el superintendente de la zona Oeste, Sergio Bianchi; el director de la Delegación de Investigaciones de La Matanza, Marcelo Chebriau, y también a Roberto Castronuovo, entonces director de Investigaciones en Función Judicial. La lista sigue con distintos comisarios y responsables del Departamento de Investigaciones de Morón, La Matanza, San Martín y de la zona de Hurlingham.
“No hay recomendaciones sobre el ministro de Seguridad (Ricardo) Casal porque fue nombrado por el Poder Ejecutivo, pero creemos que al menos el gobernador debería apartar a la cúpula policial que integró el comité de crisis”, comentó a este diario la senadora e integrante de la Comisión, María Isabel Gainza (Coalición Cívica). Para ella, la investigación policial fue “deficiente y muestra prácticas controvertidas, como la de transformar a un informante de la policía por 20 años, como El Topo Moreira, en el autor intelectual”.
Por su parte, Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, opinó que el informe revela la necesidad de una reforma en la política de seguridad del gobierno bonaerense. “Y sirve para ver cómo funciona la autonomía policial y los problemas estructurales que implica. Creo que Scioli tiene que separar a la policía de las investigaciones de delitos complejos y avanzar, como propusimos nosotros, en la creación de una policía judicial”, agregó.
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