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Este diario publicó el 5 de junio –hace hoy justo cuatro meses– la primera nota sobre el conflicto en las escuelas técnicas porteñas. ¿El reclamo? La reforma inconsulta de los planes de estudio para las carreras que los estudiantes estaban cursando y los docentes dictan. En esos días, por gestión de algunos legisladores, funcionarios del gobierno porteño se avinieron a hablar con los estudiantes y a abrir una ronda de diálogo. No dijeron –como lo hacen ahora– que el reclamo estaba politizado o era impulsado por los gremios docentes o el kirchnerismo.
Un mes después, el 11 de julio, centenares de estudiantes acompañados por egresados, profesores y padres se movilizaron hasta el Ministerio de Educación porteño para entregar un petitorio: el diálogo se había abierto pero no se registraban avances.
Los cambios, es cierto, se habían hecho en el marco de lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación para homologar títulos técnicos a nivel nacional y deben entrar en vigencia en 2013. La resolución que los impulsa fue dictada en 2008, por lo que el ministerio porteño tuvo cuatro años para estudiar cambios, hacer consultas e implementar adecuaciones.
Los nuevos planes porteños fueron diseñados el año pasado. Lo admitió a este diario la actual directora de Currícula, Gabriela Azar, que se hizo cargo en febrero, cuando el plan ya estaba redactado. Hasta entonces no hubo diálogo con estudiantes, ni siquiera para informar, como quiere ahora el ministro Bullrich.
Poco agregó el Ministerio de Educación de la Nación para llevar claridad al tema. En medio del silencio, la directora del Instituto Nacional de Educación Técnica aportó un dato clave: la reforma presentada por la Ciudad había sido rechazada por no adecuarse a la cantidad de horas exigida. ¿Qué mejor oportunidad entonces para barajar y dar de nuevo? Y de paso cumplir con otra parte de la resolución del Consejo Federal: la Nº 84/09, en la que se encuadra la reforma curricular, que establece en su artículo 9º: “Redefinir en un plazo máximo de tres años el régimen académico que regula formas, estrategias, criterios y momentos de la evaluación y la acreditación en el nivel, mediante procesos que garanticen la participación de directivos, docentes y alumnos, y posibiliten la asunción de compromisos y responsabilidades compartidas por parte de los distintos actores implicados” (resaltado nuestro).
Aquí viene otra discusión: ¿pueden los estudiantes opinar sobre planes de estudio o debe dejarse el tema en manos de “especialistas”? Para algunos adultos, esto sería sencillamente un disparate: solo se los debería informar. Ocurre que los “adultos” y “especialistas” armaron un plan inadecuado, que reduce horas de materias técnicas específicas para agregar otras humanísticas, y es cuestionado no solo por los chicos, sino por buena parte de la comunidad educativa.
Por otro lado, quienes esperaban ver en las escuelas tomadas una estudiantina compuesta por chicos que no quieren estudiar y buscan disfrutar de horas libres se encontraron con estudiantes preocupados por su futuro, a quienes no les importa tener más horas de clase si eso es para mejorar su nivel de formación e insisten en no perder las materias por las cuales ellos eligieron esas carreras. Sus representantes no profieren discursos exaltados ni extemporáneos, no expresan aspiraciones de largo plazo ni legítimas utopías. Solo quieren que se los escuche.
La pregunta es, entonces: ¿cómo no van a opinar sobre la carrera que ellos eligieron como proyecto de vida?
Las tomas empezaron el lunes 17 de septiembre en cuatro escuelas, hace hoy 18 días. El ministro Bullrich habrá entendido que dialogar con estudiantes en conflicto podría ser interpretado por su potencial electorado como un signo de debilidad. Y apostó al desgaste. La estrategia, a todas luces, fracasó. El conflicto, lejos de menguar, recrudece todos los días con nuevas tomas de colegios, sea por solidaridad con los técnicos, sea como medida preventiva, ya que la reforma de planes se viene para toda la secundaria y, si se mantiene el criterio de Bullrich, también será inconsulta, sólo informativa.
La Defensoría del Pueblo inició gestiones de buenos oficios. También la Defensoría General, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y hasta una jueza que no es amiga del gobierno le han tirado sogas para salir del pantano. No es mucho lo que se le pide.
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