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Mañana se cumple el plazo para que todos los paquetes de cigarrillos incorporen advertencias sanitarias con texto e imágenes. El vencimiento había sido postergado cuatro meses, a pedido de la industria tabacalera, y esta vez la mayoría de las marcas –pero no todas– ya se han adecuado a la normativa. Sin embargo, al mismo tiempo, sigue sin reglamentarse la Ley Nacional de Control del Tabaco, promulgada en junio de 2011. Por eso, no hay establecidas sanciones para su incumplimiento ni organismos con autoridad para hacerla valer, y hay denuncias de que la industria estaría multiplicando el marketing y la cantidad de puntos de venta. En realidad, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró una reglamentación que las organizaciones de la sociedad civil consideran “muy buena” pero, de pronto, el presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado intervino en el expediente para solicitar que se permita fumar en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante –concesionados a privados–. Según una representante de organizaciones por el control del tabaco, “la presentación de Lotería Nacional es inadmisible porque contradice el texto de la ley”.
La “normativa gráfica de empaquetado, venta y consumo de productos de tabaco” fue instaurada por resolución del Ministerio de Salud de la Nación el 17 de abril, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.687 de Control del Tabaco. Establece que “los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del consumo. En el caso de los cartones de cigarrillos, la imagen será impresa en la cara principal (ocupando la mitad de la superficie); la leyenda será impresa de igual manera en la cara opuesta”. El ministerio eligió 12 imágenes y 12 textos, provenientes del Banco de Advertencias Sanitarias del Mercosur: cada marca comercial debe incluir, en forma rotativa, todas las advertencias. Así por ejemplo, “Fumar causa impotencia sexual”; “Fumar puede causar amputación de piernas”; “Fumar causa cáncer”; “Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias”.
El plazo para que las empresas se adecuaran a la normativa vencía originalmente en junio, pero, por pedido de las tabacaleras, se prorrogó hasta mañana, 15 de octubre.
“En estos días hicimos un relevamiento en quioscos de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata, y encontramos que las advertencias aparecen en la mayor parte de las marcas –contó a este diario Verónica Schoj, representante de Fundación Interamericana del Corazón, FIC Argentina–. Pero en algunos casos todavía falta: por ejemplo, aparece en la presentación box pero no en el paquete convencional. Esperaremos unos días como para constatar que se incluyan en todos los casos.” Schoj puntualizó que “la resolución es de alcance nacional”.
Por lo demás, “seguimos esperando que se reglamente la Ley Nacional 26.687, de Control del Tabaco, promulgada el 13 de junio del año pasado. El reglamento es esencial porque la ley le asigna la función de definir quiénes son los órganos de aplicación y determinar las sanciones por incumplimiento. En este momento, ante una violación de la ley no existe organismo responsable de aplicar sanciones, multas o de enviar un inspector. La reglamentación también es necesaria para establecer qué lugares pueden habilitarse como puntos de venta: al no estar reglamentada, la industria multiplicó los puntos de venta en bares, restaurantes, discotecas; así puede llenar estos lugares de publicidad, que sólo se permite en los puntos de venta, que se multiplicaron en este último año”, denunció Schoj, y comentó que “a partir de las restricciones para hacer publicidad, la industria refuerza la promoción en puntos de venta y por marketing directo a las personas mediante Internet”.
El Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Control de Tabaco, elaboró un proyecto de reglamento “que nuestros abogados examinaron y nos parece muy bueno, por ejemplo en cuanto a limitar la publicidad en puntos de venta y por marketing directo –señaló la representante de FIC Argentina–. Pero cuando reclamamos acceso al expediente para ver por qué se demoraba tanto, encontramos una presentación de la Lotería Nacional”.
En efecto, el 12 de octubre de 2011, Roberto Armando López, presidente del Directorio de Lotería Nacional Sociedad del Estado, hizo llegar al ministro de Salud de la Nación una nota en la que se refiere a los casos del Hipódromo Argentino de Palermo y del Casino Flotante, ambos concesionados por ese organismo estatal a agentes privados: “Esta sociedad del Estado ha podido comprobar que, a partir de la entrada en vigencia de la ley Antitabaco (sic), las recaudaciones de los emprendimientos de juegos de azar sujetos a jurisdicción federal han sufrido una considerable merma”. El texto no cuantifica la “merma” ya producida y ofrece en cambio una “proyección para el año en curso” que augura “una reducción del treinta por ciento”. López advierte que “los beneficios obtenidos por el Estado resultan proporcionales a los ingresos originados por las apuestas”, y afirma que “sin duda ha escapado al legislador la circunstancia de que la prohibición de fumar que afecta sensiblemente a los operadores de esta Lotería Nacional provoca una pérdida sustancial de recursos para el Estado nacional”. Por ello, solicita “que por vía de reglamentación se establezca la permisión de fumar en las salas en cuestión”, para lo cual admite “sistemas de ventilación y/o purificación del aire”.
FIC Argentina y Aliar –Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina, que agrupa a más de cien organizaciones de la sociedad civil– hicieron llegar un dictamen contrapuesto: “La presentación de Lotería Nacional reproduce los argumentos esgrimidos históricamente por la industria tabacalera: es el caso de las supuestas pérdidas económicas por la instauración de espacios libres de humo, lo cual se ha demostrado falso en distintos países incluida la Argentina”. Schoj señaló que “la nota del titular de Lotería Nacional es un calco del ‘programa de convivencia en armonía’ que Philip Morris había inventado a principios de los ’90 para obstaculizar las políticas de ambientes libres de humo. Y esta presentación aparece como causa de la demora en el expediente de reglamentación. Resulta inadmisible que el texto de la reglamentación pueda incorporar recomendaciones que contradicen el texto de la ley”, advirtió Schoj.
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