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La Legislatura porteña aprobó ayer un pedido de informes que apunta a conocer cómo supo el capellán del Hospital Ramos Mejía la identidad y el domicilio de la mujer víctima de trata que solicitó un aborto no punible, datos que le permitieron al presbítero Fernando Llambías participar de un “escrache” frente a la casa de la joven, acompañado por integrantes de organizaciones católicas, que pretendieron intimidarla y presionarla para que desistiera de su decisión. El proyecto fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, y luego consensuado con el macrismo, y contó con el respaldo de todo el cuerpo.
Durante la sesión, el presidente de la bancada del PRO, Fernando de Andreis, ratificó que el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetará la ley que aprobó la Legislatura dos semanas atrás para reglamentar los abortos no punibles siguiendo los lineamientos que marcó la Corte Suprema.
El proyecto de resolución que se aprobó sobre tablas incluye una serie de preguntas al Poder Ejecutivo “sobre las circunstancias que rodearon el aborto no punible que tenía previsto realizarse el martes 9 en el Hospital Ramos Mejía” y pide que sean respondidas en un plazo que no supere los 30 días las siguientes preguntas:
a) En qué fecha comenzó a atenderse en ese efector la mujer que solicitó el aborto legal y en qué áreas y servicios se atendió;
b) Cómo llegó la información sobre la identidad y el domicilio de la paciente a conocimiento de las personas que realizaron manifestaciones frente al domicilio de la paciente que solicitó el aborto el domingo 7 de octubre;
c) Cómo tomó conocimiento el capellán del hospital, Fernando Llambías, de la realización del aborto no punible, lo que permitió que participara de dichas manifestaciones;
d) ¿Existió autorización a los miembros de la organización Asociación Civil Pro Familia a tomar contacto con la paciente en la mañana del 9 de octubre? De ser afirmativo indique quién lo autorizó;
e) Sobre las cuestiones preguntadas en los puntos b, c y d, informe si se iniciaron investigaciones administrativas en caso de que correspondiera.
El presbítero Llambías tiene una designación en trámite como jefe de sección no médico del centro de salud, que tiene un sueldo de alrededor de 5000 pesos, según pudieron saber trabajadores y trabajadoras del centro de salud, que el martes organizaron un “escrache” para repudiar su conducta frente al caso de aborto no punible. Llambías todavía no habría empezado a cobrar, pero en cuanto el nombramiento se efectivice podría percibir en forma retroactiva los sueldos pendientes, desde el inicio del trámite.
La presencia del presbítero en la puerta de la casa de la mujer buscó hostigarla para que cambiara de parecer y no se hiciera el aborto no punible. Esa movida, que implicó la difusión de información privada de la paciente, puso además en peligro su vida, amenazada por las redes de trata que la mantuvieron cautiva y de donde pudo escapar, embarazada como consecuencia de las violaciones que sufrió.
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