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El director de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, adelantó ayer que el precio de la marihuana que se vendería en el país cuando se apruebe la ley que legaliza su comercialización rondaría los 700 pesos locales para los 40 gramos permitidos al mes. Este precio, equivalente a 170 pesos argentinos, es similar al del mercado negro, pero la diferencia estará en la calidad: “Hoy se consume un producto que viene mezclado con sustancias que no son necesariamente marihuana, con aspectos de la planta que no son necesariamente para el consumo, como hojas, tallos y demás”, describió el funcionario. En cambio, lo que se ofrecería legalmente serían flores o cogollos bien conservados, cuyo efecto sería más potente que el prensado proveniente de Paraguay, que se comercializa en Uruguay, Argentina y Brasil. Los usuarios deberán registrarse en un organismo público, pero “sus datos quedarían protegidos y no figurarían en su carnet”, comentó el diputado frenteamplista Sebastián Sabini.
“Ahora estamos trabajando juntamente con los legisladores y en la medida en que el autocultivo esté regulado por el Estado, va a ser posible, aunque al principio no estaba en los planes”, explicó Calzada a Página/12. Consultado sobre la participación de empresas privadas en la producción, el funcionario comentó que se evalúan dos posibilidades: “Que produzca directamente el Estado, algo que parece complicado, o que haya producción licenciada y que el Estado compre toda la cosecha, una de las alternativas más fuertes. De lo que estamos seguros es de no permitir la comercialización entre terceros”.
El sistema de licencias, agregó Calzada, ya se utilizó localmente para la caña de azúcar e incluso para los tomates. “Es un modelo para mercados acotados y sirve para fijar un precio. Se utiliza también en la India, Turquía y algunos países de la Unión Europea para producir opio con fines medicinales y funciona, siendo el opio una sustancia de mayor riesgo que el cannabis”, señaló. Por otra parte, el funcionario descartó que vaya a venderse en farmacias, más bien se buscarían lugares especializados. “Más allá de esto, lo central es minimizar los impactos del narcotráfico y mejorar las prestaciones sanitarias a los usuarios de drogas”, afirmó.
El precio y la calidad serán elementos cruciales para “ganar el mercado”, como dijo el presidente José “Pepe” Mujica. Si se cobra más barato, se puede favorecer la reventa; si es más caro, al narcotráfico. El proyecto del oficialismo contiene una larga exposición de motivos y un solo artículo que habilita al Estado “el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”. Entró en agosto al Parlamento y desde entonces es analizado y complementado por una comisión especial de drogas y adicciones.
“Estoy convencido de que la prohibición trajo más muerte, más mafia y peores productos; no mejoró la salud pública ni la seguridad”, dijo Daniel Radío, diputado del Partido Independiente e integrante de la comisión especial que analiza el tema. Su posición es favorable a la regulación, señaló el diputado, quien se quejó de que estas últimas novedades le lleguen por la prensa. “Tampoco me gustó que la propuesta del gobierno sea parte de un paquete de medidas de seguridad, porque aumenta el prejuicio sobre la sustancia”, dijo. Su voto, indefinido aún, será crucial si hay fisuras en la bancada oficialista.
La comisión especial de drogas y adicciones recibió asesoramiento de especialistas de México, Gran Bretaña y Holanda y, según comentó su titular, Sebastián Sabini, se trabaja intensamente para votar el proyecto antes de fin de año. “Hay varias propuestas de implementación. Una es crear tres órganos. Uno rector, a cargo de la Junta Nacional de Drogas, y otro regulador, que controlaría la producción y la venta. El tercero sería el órgano ejecutivo, una empresa pública que funcione con derecho privado, como Ducsa (la distribuidora de gas envasado)”, enumeró.
Esta última agencia se encargaría del registro de usuarios, quienes tendrían un carnet innominado, sólo con un código de barras. “Como se trata de un dato sensible, va a estar protegido por esta institución ejecutiva. El desafío es lograr una regulación que dé garantías a los usuarios y que sea segura”, planteó Sabini. De implementarse, agregó, Uruguay saldaría los errores del sistema holandés, que permite la venta, pero no la producción: “Nosotros regularíamos toda la cadena”. La situación holandesa –en cuya capital se frenó la idea de impedir que los extranjeros ingresen a los Coffeshops– y lo que pase hoy en los plebiscitos pro legalización en los estados de Washington, Oregon y Colorado serán importantes para el avance del proyecto uruguayo.
Otro aspecto decisivo es la legalización de la hoja de coca exigida por Bolivia. Sabini aseguró que luchará para que se permita el autocultivo, los clubes de cultivo (manejados por usuarios), la producción para usos medicinales, industriales y científicos. “Queremos producir marihuana con alrededor de 8 por ciento de THC (el principio psicoactivo del cannabis) para que supere en calidad al mercado negro, pero el Estado no va a promocionar el uso sino disuadirlo desde la prevención y la educación, y no con una ley penal”, afirmó Calzada.
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