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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó ayer un programa específico para incorporar la perspectiva de género en el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de “neutralizar” las “eventuales prácticas de discriminación que persistan, atendiendo con especial urgencia a los casos más acuciantes, vinculados a mujeres víctimas de violencia”.
Serán algunas de sus funciones contribuir a optimizar el sistema de elaboración de estadísticas del MPF para contar con información desagregada sobre violencia de género; asesorar a las fiscalías de los diferentes fueros y brindar la colaboración necesaria para la investigación y tratamiento de casos de desigualdad, discriminación o violencia de género en todas sus modalidades, y proyectar criterios generales de actuación que tiendan a optimizar la persecución penal y a disminuir la revictimización, en los casos de delitos que impliquen violencia de género.
Al frente del programa fue designada la abogada Romina Pzellinsky, quien operará como nexo entre los integrantes del MPF y la procuradora en los asuntos relacionados con el programa. Hasta hace dos semanas, Pzellinskzy, de 35 años, se desempeñaba en la oficina de Unicef-Argentina, en el Area de Protección de Derechos a la Infancia y Adolescencia, donde venía trabajando desde 2008.
Pzellinsky adelantó ayer a Página/12 que una de las tareas que priorizará será la realización de una investigación para monitorear cómo están trabajando las fiscalías contravencionales y correccionales de la Capital Federal en los casos de violencia de género, a fin de definir luego criterios generales de actuación, siguiendo las recomendaciones de los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres. “Queremos evitar que se revictimice a las mujeres que denuncien violencia de género. Y que los fiscales puedan identificar y visualizar además de la violencia doméstica, otras modalidades que sufren, como la psicológica, la patrimonial, entre otras, todas ellas definidas en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009”, señaló Pzellinsky.
En la resolución, Gils Carbó explicó que la iniciativa responde a la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (que monitorea el cumplimiento de esa convención, conocida como Cedaw) en sus observaciones finales en respuesta al informe periódico que presentó la Argentina en agosto de 2010. En esa oportunidad el Comité –recordó Gils Carbó– “ha destacado el desconocimiento generalizado de los derechos explícitamente asegurados por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en particular entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, y la persistencia de “estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer”. Por ello, instó al Estado nacional “a que vele por que la judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, y [alentó] a éste a que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia”.
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