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“¡Muertos salimos de La Boca!”, gritó rabiosa una mujer al finalizar la marcha en reclamo de la implementación “inmediata de un plan de viviendas para el barrio”. Unas mil personas en situación habitacional irregular se apostaron ante el cordón de efectivos policiales que custodiaba la entrada del predio de Casa Amarilla y denunciaron que las 195 viviendas que ahí se construyen “no son para los vecinos”. Las organizaciones sociales, gremiales, docentes y de inquilinos partieron del emblemático puente transbordador Nicolás Avellaneda y caminaron a lo largo de diez cuadras por Almirante Brown para repudiar los desalojos que en tres meses sufrieron unas 200 familias y para frenar los once que, dicen, restan concretar. “Queremos que se declare la emergencia habitacional”, reclamaron.
“Macri, La Boca no es tu empresa”, bregaba uno de los tantos carteles de cartón. La crisis habitacional del barrio no es nueva. Los conventillos, tampoco. Sin embargo, un paquete de medidas aprobadas por la Legislatura porteña, como la creación del Distrito de las Artes, que incluye a ese barrio, llevó a que las tierras cotizaran más. Esa, entre otras siete problemáticas, estaba incluida en el petitorio que hoy entregarán en la Legislatura, la Jefatura de Gobierno y la Justicia porteña. “Hay una cantidad inmensa de viviendas ociosas acá, ahora como empiezan a subir, los dueños, que siempre tuvieron vacío el lugar, las quieren vender. Las personas quieren tener un lugar donde vivir”, explicó Lorena Vázquez, de la organización social Aukache, de La Boca.
“Olelé, olalá, si esto no es La Boca, La Boca dónde está”, cantaban todos al ritmo de los bombos y los redoblantes. Adelante, mujeres, hombres y niños, muchos niños, levantaban escobas para “barrer las injusticias”. Evocaron así la Marcha de Inquilinos que los anarquistas encabezaron en 1907, ya que por entonces la situación era similar. En la actualidad, una pieza con baño compartido cuesta entre 1100 y 1500 pesos por mes. Y, quienes pretenden acceder al subsidio habitacional por situación de calle tienen que esperar a quedar sin techo para que la Ciudad se lo otorgue.
El hijo de tres años de Lucrecia Terán sostiene un cartel mientras baila: “No al aumento de alquileres cada tres meses”, dice. Ella paga 1800 pesos por su espacio, tiene dos hijos, es jefa de familia, está en el Plan Argentina Trabaja y es vendedora ambulante. “Nosotros queremos que nos den los techos para pagarlos”, se quejó. César Vargas, que caminaba a su lado, también quiso que su situación se sepa: “Yo vivo en la casa que se quemó hace dos meses. Está inhabitable, pero no tengo otro lugar”.
En cada esquina hicieron una pausa y por un micrófono se oyó: “A Mauricio Macri le decimos: basta de desalojos. Basta de incendios”. En derredor vigilaba un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana, la Federal y Prefectura. Según pudo constatar este diario, intervinieron por una denuncia por un supuesto intento de toma de las viviendas en construcción de Casa Amarilla, por lo que la fiscal Marcela Solano solicitó intervención de la comisaría Nº 24.
Otro de los problemas es la relocalización del asentamiento Lamadrid. Sandra Giménez vive ahí desde hace 30 años y le llegó el rumor de que puede ser relocalizada en Lugano, aunque en 2003 pagó junto a once familias la prueba de suelo para iniciar una obra en un terreno ubicado en Suárez al 200. “La Boca se puso de pie y no nos van a sacar”, se oyó fuerte cuando terminaron de cantar el Himno Nacional y se desconcentraron.
Informe: Carla Perelló.
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