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El último borrador sobre el proyecto para regular la producción y comercialización de cannabis en Uruguay, al que tuvo acceso este diario, ya está siendo discutido en una comisión especial en el Parlamento local. El proyecto no sólo posibilita al Estado las actividades ligadas a la marihuana para uso medicinal, recreativo o industrial, sino que permite la participación de particulares “a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”. Es decir, se establece un sistema de licencias que permitirá clubes de membresía, por los que hasta un máximo de quince cultivadores podrán producir cooperativamente hasta 7200 gramos por año. Además, el proyecto permite el cultivo de seis plantas por persona, mientras esa cosecha no supere los 480 gramos, y la siembra con fines científicos.
La propuesta del Poder Ejecutivo prohíbe “toda forma de publicidad, publicidad indirecta, promoción o auspicio (patrocinio) de los productos de cannabis y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación” y plantea que tanto el sistema de salud como el educativo deben promover programas de prevención del uso problemático de la marihuana. Además se crea el Instituto Nacional del Cannabis (INCA) para “regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis”.
El INCA tiene entre sus atribuciones la de otorgar licencias para producir y también para comercializar. También para registrar las declaraciones de autocultivo de cannabis psicoactivo y autorizar los clubes de membresía. El proyecto considera como cantidad para consumo personal 40 gramos y el gobierno uruguayo ya adelantó que buscará que el precio del cannabis no supere al actual en el mercado negro, al que derrotaría por una simple ecuación: mismo precio, mejor calidad.
“El proyecto no incluye la regulación, que es la discusión que se abre una vez que lo aprueben. Por eso, no hay tantas consideraciones sobre el cultivo privado para vender a usuarios y sí se habla de autocultivo y clubes de membresía, que son cuestiones ya probadas en otros países y que involucran directamente a los usuarios y no al mercado legal a gran escala. Eso vendrá en los próximos dos o tres años, cuando se consolide el panorama”, comentó Laura Blanco, de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU).
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