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Desde “instrumento inútil” hasta “inconstitucional”, pasando por que “favorece la arbitrariedad policial” o, simplemente, que “es la crónica de un fracaso anticipado”, la reciente media sanción en Diputados bonaerenses al proyecto de excarcelaciones presentado por el tándem Scioli-Casal desató la polémica y fuertes críticas desde los organismos que trabajan en Derechos Humanos y especialmente en cuestiones de cárceles y de seguridad. Vale la pena destacar que no es el primer intento de Scioli por formalizar dificultades a las excarcelaciones. Ya en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había notificado al gobernador su preocupación por las limitaciones a las excarcelaciones luego de que se aprobara un proyecto del mismo tándem. En una década y media, más de 30 modificaciones de ley sin resultados dan la pauta de que el agravamiento de las penas al estilo Ruckauf no tiene otro motivo que batir el parche para sumar votos.
El jueves pasado por la noche, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de modificación del régimen de excarcelaciones presentado por Scioli. El proyecto sostiene que “en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”; además se agrega que tampoco se concederá cuando, “en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”. Y, por último, sostiene que “a fin de garantizar la correcta aplicación de las disposiciones precedentes (...) a partir de la aprehensión la autoridad policial o judicial requerirá en forma inmediata los antecedentes del imputado”, lo que, en caso de antecedentes con delitos con armas, derivará en la inmediata detención con impedimento legal de ser excarcelado.
Llegar a la aprobación implicó para el FpV un fuerte rechinar interno, teniendo en cuenta que la medida es una lectura directa de las aplicaciones manoduristas de Ruckauf. Los hipersciolistas del FpV defendieron el proyecto, como era obvio. Guido Lorenzino sostuvo que “no se trata de un hecho aislado ni espasmódico”. Iván Budassi aseguró que “la norma tiene como principal objetivo que quien porta armas de fuego de manera ilegal y no se somete al control policial no sea excarcelado”. No recordaron en ese momento (no era conducente) a la Bonaerense ni tampoco la radiografía del “control policial” realizado por la propia Legislatura en el Informe Candela, por mencionar algunos de sus aspectos históricos.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que “existe un consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido de que la libertad durante el proceso puede ser limitada cuando exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”. Pero el consenso sólo se dio durante la sesión: sólo votaron en contra los bloques de Nuevo Encuentro, el FAP y la Coalición Cívica.
En su discurso contrario a la aprobación, Marcelo Saín (NE) fue el más enérgico: “Es un proyecto inconstitucional por donde se lo mire y viola la división de poderes”. Agregó que da mayores facultades a la Bonaerense para “determinar cuándo un delito es inexcarcelable. Esto es una falacia política, porque le da todo el poder a la Policía, desconociendo que el mercado ilegal de armas en la provincia de Buenos Aires está abastecido por armas que estaban bajo la custodia de esa fuerza o de la Justicia. Y recordó (todos lo saben) que una de las prácticas habituales de la Bonaerense es “plantar perros, un arma sucia para imputar de un delito a alguien inocente o encubrir un asesinato cometido por integrantes de la fuerza”.
“El Ejecutivo y los legisladores saben que votaron para decir que se preocupan por la seguridad de la comunidad, pero que en realidad tiene efectos nulos sobre la misma –dijo a Página/12 Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria–. También tiene efectos negativos sobre el deterioro de las garantías procesales, el debido proceso, que alienta y da más poder a la arbitrariedad policial.”
“Puede ser calificada como crónica de un fracaso anticipado –aseguró a este diario Mario Juliano, presidente de la Asociación Pensamiento Penal–. La experiencia que ahora se procura implementar ya fue llevada a la práctica en el año 2000 con la sanción de la tristemente célebre ley 12.405 (ley Ruckauf), donde la prisión preventiva era la regla, y la libertad durante el proceso la excepción.”
Para Mosquera, además, la dirección hacia donde empuja el proyecto es contraria al horizonte que se abre con los procesos “de reforma importantes, como la creación de la Policía Judicial, la autonomía de la defensa pública, la selección de magistrados. Este proyecto sobre excarcelaciones contradice ese rumbo y se afinca en las tendencias de la demagogia punitiva y la mano dura”. Juliano agregó que de ser sancionada “la nueva ley será objeto de una catarata de declaraciones de inconstitucionalidad, ya que la Corte federal viene diciendo desde 1998 que no pueden existir categorías de delitos ‘inexcarcelables’.
Lamentamos la confirmación de que el hombre, en este caso el gobierno provincial, sea el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.
Scioli agradeció a los diputados del mismo modo que lo había hecho en 2008. Y manifestó su esperanza de que ahora el Senado dé por aprobada la última de una larga lista de modificaciones del Código Procesal Penal bonaerense que, por el momento, para lo único que ha servido es para hacinar personas en las cárceles y promover campañas de nuevas modificaciones.
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