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Sociedad|Miércoles, 5 de diciembre de 2012
Presentaron el Programa sobre Políticas de Género en la Justicia

Contra el machismo judicial

El programa apunta a capacitar fiscales en la perspectiva de género para que actúen como apoyo en los casos de violencia doméstica. El plan fue presentado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Se elaborarán protocolos de atención para esos casos.

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Gils Carbó presentó el programa junto a la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco.

La intención del Programa sobre Políticas de Género es “hacer todo lo necesario para diluir la desigualdad estructural que hay entre lo femenino y lo masculino en la sociedad”, sostuvo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al presentar la iniciativa que apunta a instalar la perspectiva de género en el ámbito jurídico. La puesta en marcha del programa prevé la capacitación de fiscales que serán designados ad hoc en casos de violencia de género y la elaboración de protocolos de actuación, entre otros puntos relevantes que apuntan a erradicar la discriminación. Durante el encuentro también se firmó un convenio marco para que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal tengan acceso a la base de datos de las denuncias que se realizan en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

La creación del programa se venía gestando hace poco más de un mes. Pero ayer, en el auditorio del Ministerio Público Fiscal, ubicado en Avenida de Mayo 760, Gils Carbó, junto a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y la titular del programa, Romina Pzellinsky, dio a conocer las bases y los datos que dan cuenta de los “patrones socioculturales discriminatorios que forman parte de muchos jueces y muchos fiscales”, asumió Gils Carbó.

La funcionaria explicó que la “innovación” dentro de la Justicia se concretará con la colaboración de la Corte Suprema de Justicia a través de la OVD para poder designar a los fiscales que formen parte del programa en cuestión para ser nombrados ad hoc y actuar en las causas de género: “Antes de que la denuncia sea girada desde la oficina de la Corte a un juzgado va a llegar (al Ministerio) con una petición, un requerimiento fiscal o un pedido de medidas urgentes realizado por un fiscal especializado que se va a sumar a la actuación del fiscal competente”, es decir que se sumará un fiscal especialista a los que ya estén a cargo. Algunos de los funcionarios ya nombrados son Paloma Ochoa, Juan Pablo Terminiello, María Piqué y la propia Pzellinsky.

“Actualmente hay una falencia en la persecución penal de los hechos de violencia contra las mujeres”, condenó Highton de Nolasco, por lo que consideró de relevancia la firma del convenio entre la OVD y el Ministerio para cambiar el rumbo de la perspectiva machista con la que se maneja la Justicia.

Como lo anunció este diario en su momento, el programa estará a cargo de la abogada proveniente de Unicef Romina Pzellinsky y tendrá cuatro ejes para cumplir. En primer lugar, la investigación, sistematización y elaboración de estadísticas y relevamientos para establecer un diagnóstico sobre la cantidad de hombres y mujeres que hay en el Ministerio Público. En segundo lugar, realizar asistencia técnica a las fiscalías, tal como explicó Gils Carbó. En ese sentido, Pzellinsky comentó que ya comenzaron con el trabajo en ese aspecto a través de un relevamiento realizado en una fiscalía de instrucción. Entre las conclusiones, informó, se determinó que “en la mayoría de las causas se solicita el archivo sin el pedido de pruebas o si no se exige que la víctima acuda a declarar en reiteradas ocasiones, lo que puede generar la revictimización de la persona”.

La elaboración de estadísticas será otra de las funciones. En este punto en particular, Pzellinsky anunció que concretarán una reunión con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para compatibilizar las bases de datos con las que cuentan ambos organismos y así poder cruzar la información pertinente. El objetivo final es la creación de un registro único de casos de violencia contra la mujer a nivel nacional. Por último, se prevé una asistencia interinstitucional y la capacitación de los funcionarios junto con organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales. Como producto de esa medida se crearán dos mesas de trabajo para el tratamiento de la figura de femicidio y para crear un protocolo para la intervención de la fuerza pública, medida que regirá en primer lugar para la Policía Federal.

Informe: Carla Perelló.

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