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Las querellantes que representan a los familiares de Luciano Arruga pidieron ayer que se encuadre el caso como “desaparición forzada” y deje de investigarse “la averiguación de paradero”, y sea enviado a la Justicia Federal. “A mi hermano la policía lo detenía sistemáticamente porque no quería salir a robar para ellos, que le habían ofrecido armas, auto y liberarle la zona”, señaló Vanesa Orieta, en una conferencia en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Pedimos el enjuiciamiento de la fiscal Roxana Castelli por delegar la investigación en los mismos policías sospechados, sabiendo esto porque Vanesa lo había declarado”, anunció Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, quien representa a los Arruga desde 2009, cuando el joven desapareció tras ser detenido por la policía, como coinciden testigos en la calle y dentro del destacamento de Lomas del Mirador.
“Estamos ante un típico episodio de inseguridad. Y uno de los peores porque estamos hablando de la desaparición forzosa de un adolescente, detenido y golpeado varias veces por la Policía Bonaerense, cerca de su familia que escuchaba los gritos de Arruga desde la puerta de la comisaría de Lomas del Mirador”, sostuvo Horacio Verbitsky, presidente del CELS, parte querellante junto a la APDH de La Matanza. El periodista agregó que esta desaparición se da en el marco de una práctica generalizada de la Bonaerense para reclutar compulsivamente a jóvenes para delinquir.
Sobre redes de ilegalidad, agregó Verbitsky, es “un eufemismo decir que la Policía Bonaerense sólo es un participante cuando en verdad tiene un rol de conducción”. Si los jóvenes no llevan el producto de los asaltos son golpeados, asesinados o desaparecidos, afirmó. “Esto es algo que ya denunció el juez platense Luis Arias que habló de una ‘multiplicidad de casos’ y también el ex ministro de Seguridad bonaerense (Carlos) Stornelli. También quedó probado en el informe final por el caso del asesinato de Candela (Rodríguez), que mostró la impunidad de la policía para encubrirse”, dijo.
Al lado del titular del CELS, con una remera con los rostros de Julio López y otro de Arruga y la inscripción “la misma policía”, Orieta agradeció el apoyo de otros familiares víctimas de la violencia institucional y criticó que los ocho policías acusados por la desaparición de su hermano, el 31 de enero de 2009, sigan en funciones en distintos destacamentos de la Bonaerense. “El gobernador Daniel Scioli nos recibió en agosto pasado –recordó–, tres años después de que desaparezca Luciano. Nos prometió sumariarlos y exonerarlos. Y esas cuestiones administrativas ni siquiera avanzaron.”
Orieta aseguró que lucha, junto a varias organizaciones sociales, para frenar el gatillo fácil policial, “motivo de la muerte de 3700 personas desde 1983, desde esa fecha tenemos 197 casos de desaparición en los que están implicadas las fuerzas policiales”. La joven aseguró que pocos familiares se animan a denunciar por presión y amenazas de los policías, incluso contó que Luciano les dijo a ella y a su madre, luego de sufrir torturas en una comisaría en 2008, que no hicieran la denuncia. “Tenía miedo por él y por nosotros. Esas torturas recién se investigan hace cuatro meses”, señaló.
Emocionado por la contundencia de las palabras de la oradora que lo precedió, como muchos de los presentes entre ellos Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, el titular de la APDH de La Matanza recordó que cuando Orieta acercó el caso a su organización, denunciaron el hecho ante las autoridades municipales y provinciales. “Hubo un grado de subestimación en los ámbitos políticos, judiciales y en el Ministerio Público”, afirmó Pablo Pimentel, quien aseguró recibir denuncias de reclutamiento de jóvenes por parte de la Bonaerense desde 2008.
“La fiscal Castelli tardó 45 días en recibir a los familiares de Arruga. Y cuando los recibió estaba con los policías implicados detrás de ella. Esta es una de las causas más graves del país y me preocupa que se naturalicen estas cosas horribles”, dijo el titular de la APDH de La Matanza, quien declinó su candidatura a defensor del Pueblo bonaerense, meses atrás, denunciando irregularidades en los mecanismos de elección. “Las acusaciones de reclutamiento policial y la complicidad político-judicial las ratificamos en su momento ante Stornelli y desde entonces nada ha pasado”, explicó.
Por su parte, Alejandro Mosquera, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, coincidió con los demás disertantes en criticar algunas prácticas conjuntas de policías bonaerenses y fiscales. “Hace un mes fue liberado un grupo de policías a los que les bajaron la calificación de torturas a apremios ilegales. Fueron detenidos preventivamente por torturar a Alejandro Alonso en la comisaría sexta de Tolosa (La Plata) en 2010. ¿Y a quién pusieron a investigar ese caso? A la Bonaerense, que intentó armarle una causa a Alonso”, sostuvo Mosquera.
En el comunicado repartido por el CELS, antes de la conferencia, se remarca que además de la federalización del caso y el enjuiciamiento a la fiscal Castelli, se realizó una presentación en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense para que se investigue “la responsabilidad de los policías sospechados, las maniobras de encubrimiento cometidas durante la instrucción de la causa y las irregularidades advertidas en la comisarías involucradas”. Si los ocho uniformados acusados siguen trabajando en la fuerza, reflexionó Mosquera, “se da una señal de que están protegidos por el sistema”.
Al final de la conferencia, Verbitsky explicó que pedir un traspaso al fuero federal, como ya se había pedido en 2010, es “empezar a reconocer lo que realmente ocurrió y que se ponga en marcha la investigación”. El abogado Combi cerró la charla pidiendo al gobierno bonaerense que antes del próximo 31 de enero, cuando se cumplan cuatro años de la última vez que se lo vio con vida a Arruga, reconozca públicamente que “se trata de una desaparición forzosa y sean exonerados los ocho policías”.
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