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Es la primera vez que se acepta nombrar, oficialmente, la desaparición forzada de Luciano Arruga como desaparición forzada de Luciano Arruga. Un juez federal de Morón aceptó el caso derivado por la Justicia ordinaria, que consideró que excedía su jurisdicción al modificar la carátula del expediente y la calificación del caso de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”. El cambio de carátula se realizó pasados cuatro años de la denuncia familiar, lo que le dio un tono patético a la autobúsqueda de los propios denunciados. Como ocurrió a lo largo del caso, la familia de Luciano es la última en enterarse. Ayer, la aceptación del juez federal estaba confirmada en off, pero los familiares hasta anoche no habían sido notificados, por lo que, uso del condicional mediante, se deberá decir que un juez federal habría aceptado el caso como desaparición forzada de Luciano Arruga. La Justicia tendría sus tiempos.
El juez federal 1 de Morón, Juan Pablo Salas, es quien recibió el caso, la segunda quincena de enero de este año. La había recibido enviada por el juez de Garantías 5 de Morón, Gustavo Banco, quien el 4 de enero había firmado el cambio de carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”. Técnicamente había girado la investigación de un caso analizado durante cuatro años como una travesura (la búsqueda de un chico que se fue del hogar) al delito de secuestro y desaparición de una persona, cuestión que corresponde al fuero federal.
La aceptación de Salas al apartamiento planteado por Banco (podría haber rechazado el expediente por considerar que no se cumple la hipótesis del juez de Garantías) implica el reconocimiento de que el caso se puede analizar desde la hipótesis de que Luciano fue secuestrado, y hasta la fecha desaparecido.
El giro brusco no fue brusco porque le llevó cuatro años a la Justicia comprender o querer hacerlo. Las pruebas fueron las mismas que las que aportó la familia desde el inicio:
- Los familiares denunciaron que Luciano había sido detenido y golpeado en el mismo destacamento de Lomas del Mirador meses antes de su desaparición.
- Informaron que era perseguido porque pretendían que robara para los uniformados y Luciano los rechazaba.
- Agregaron declaraciones de testigos.
- Dos patrulleros, identificados con los números 12806 y 35725, fueron detectados detenidos durante dos horas en el monte Dorrego, fuera de su recorrido el día de la desaparición.
- El libro de guardia del destacamento se comprobó que había sido fraguado.
- El destacamento fue puntillosamente lavado.
- Perros sabuesos detectaron rastros de Luciano en uno de los dos patrulleros y en el destacamento.
¿Qué cambió para que con las mismas pruebas y testimonios el caso pasara después de cuatro años a analizar la actuación policial?
El 27 de diciembre pasado, en conferencia de prensa, los familiares de Luciano, el CELS, la CPM y la APDH-La Matanza anunciaron el pedido de cambio de carátula. “Estamos ante un típico episodio de inseguridad –sostuvo el periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS–. Y uno de los peores, porque estamos hablando de la desaparición forzosa de un adolescente, detenido y golpeado varias veces por la Policía Bonaerense, cerca de su familia que escuchaba los gritos de Arruga desde la puerta de la comisaría de Lomas del Mirador.”
En la conferencia, el abogado de APDH que lleva la causa, Juan Manuel Combi, dijo que “pedimos el enjuiciamiento de la fiscal Roxana Castelli por delegar la investigación en los mismos policías sospechados, sabiendo esto porque Vanesa lo había declarado”. Castelli fue la primera fiscal del caso, quien mantuvo la carátula de averiguación de paradero y que fue apartada también por insistencia de la familia.
Ocho días después de la conferencia, el pedido de cambio fue aceptado. En su fallo, Banco consideró “cierta habitualidad de los funcionarios policiales en practicar ‘demoras’ injustificadas u hostigamiento a Luciano”. Un día antes había ordenado la detención de Julio Diego Torales, el uniformado acusado de torturar a Luciano meses antes de su desaparición. Y, el 21 de enero, los ocho policías imputados en la causa (los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los oficiales inspectores Martín Monte y Emiliano Márquez, los subtenientes Sergio Fecter y Daniel Vázquez y los oficiales Damián Sotelo y Hernán Zeliz) fueron pasados a disponibilidad.
En la página “Aparición con vida de Luciano Arruga”, los familiares dieron por hecho la aceptación del juez Salas con un breve texto: “La Justicia federal de Morón aceptó el cambio de carátula como Desaparición Forzada de Personas”, sostiene el comunicado. Avanza sobre la responsabilidad del “poder político y judicial” para “dar respuestas sobre un desaparecido en democracia en manos de la fuerza represiva del Estado”, y apuntaron a la imputación de los ocho policías acusados.
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