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El diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde presentará hoy un proyecto que apunta a combatir la discriminación salarial que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. La iniciativa, acompañada por legisladoras del oficialismo y la oposición, establece que toda trabajadora que cobre menos que un varón en igual posición podrá reclamar la equiparación salarial debida y además tendrá derecho a una suma igual al monto que no se le pagó, que tendrá que abonarle el empleador en concepto de daños y perjuicios. “La idea es promover un cambio cultural que cuesta mucho, y que es la eliminación de la discriminación hacia las mujeres en la sociedad y particularmente en el mundo del trabajo”, explicó Recalde, en diálogo con Página/12.
El proyecto aclara que se trata de una medida de discriminación positiva, como la ley de cupo. Y en ese sentido, establece que anualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deberá elevar un informe de seguimiento a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación “sobre el estado de tratamiento salarial con relación a las mujeres, a fin de que una vez alcanzado el estado de igualdad de trato se promueva la derogación de esta norma”. Es decir, se trata de una cláusula transitoria.
El abogado laboralista y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo indicó que los sectores del comercio y de la actividad rural suelen ser aquellos donde se encuentran las mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres que se desempeñan en tareas semejantes.
Consultada por este diario, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que conduce Hugo Yasky y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (Cemyt), se mostró un tanto escéptica sobre el impacto que podría tener el proyecto. “Puede ser una herramienta que ayude a visibilizar una problemática, pero no sé si servirá para eliminar la discriminación salarial por razones de género. Nuestras investigaciones y estudios de otros países muestran que la discriminación salarial es más compleja, no es tan lineal. En general, las mujeres perciben menores salarios porque trabajan menos horas, porque sobre ellas recaen las responsabilidades domésticas y de cuidados de niños y adultos mayores, porque se insertan en sectores peor calificados y porque consiguen empleos más informales”, señaló Díaz.
En su opinión, la agenda del Congreso debería priorizar otras medidas que favorecerían el camino de la reducción de las brechas salariales, como la promoción de la corresponsabilidad entre el trabajo y la familia, que también está en la base de la discriminación laboral que sufren las mujeres al insertarse en el mercado del trabajo, como una licencia por paternidad más extendida –hoy es de dos días– y otras licencias para los padres por enfermedad de sus hijos o para concurrir a las reuniones escolares que se denominan de padres, pero a las que suelen asistir en forma mayoritaria las madres.
Recalde coincidió en este punto. “Estoy peleando un proyecto para elevar la licencia por paternidad a 15 días”, precisó. El diputado se mostró partidario de promover normativas que contribuyan a que los padres se involucren más en la crianza de los hijos. Pero lo cierto es que no figuran entre los temas legislativos prioritarios. El proyecto de Recalde lleva las firmas también de Juliana Di Tullio, Diana Conti, María Teresa García, Silvia Risko, Mayra Mendoza, Carmen Nebreda, Dulce Granados y Silvia Simoncini (FPV), Alicia Ciciliani (FAP) y Margarita Stolbizer (GEN), entre otras diputadas.
La propuesta tiene sólo dos artículos. En el primero establece que “toda trabajadora víctima de discriminación salarial motivada en su condición de mujer tendrá derecho, además de la equiparación salarial debida y de las diferencias salariales devengadas, a una suma igual a dichas diferencias a cargo del empleador en concepto de daños y perjuicios”. El segundo artículo define que se trata de una ley de orden público.
Un reciente estudio realizado por el Cemyt –y cuyas conclusiones adelantó Página/12 en exclusiva– advirtió que “la limitación que implica la presencia de niños/as en el hogar para la participación laboral de las mujeres es sustancial”. El problema se agudiza –señaló la investigación– por la ausencia de políticas públicas para paliar ese escenario que condiciona –o inhibe– la participación laboral femenina. En el caso de los trabajadores registrados, las mujeres trabajan un 22 por ciento menos horas que los varones y en el caso de los no registrados trabajan un 36 por ciento menos, precisa el informe. “El estudio demuestra que somos las mujeres las que resignamos calidad de empleo y salarios por cuidados familiares”, recordó Díaz.
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