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Sociedad|Jueves, 2 de mayo de 2013
EUGENIO ZAFFARONI CERRO LAS JORNADAS SOBRE POLITICAS DE DROGAS EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES

“Sin prohibición, habría menos muertes”

El juez de la Corte Suprema propuso discutir las políticas prohibicionistas y las consecuencias que conllevan. Lo hizo en el marco de unas jornadas en las que por primera vez se debatió sobre políticas de drogas en un ámbito universitario. Los otros paneles.

Por Emilio Ruchansky
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La jornada fue organizada por el Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (Cecca) y la UNQ.

Captada la atención del auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Eugenio Zaffaroni se permitió contar una anécdota, que ilustra el pensamiento mágico del poder punitivo. Ocurrió durante un encuentro internacional de magistrados, recordó el ministro de la Corte Suprema de la Nación, “cuando estaba a punto de caer el muro de Berlín”. Por curiosidad entró a una conferencia en la que se hablaba de penalizar los delitos nucleares. “Le dije a una compañera, una socióloga canadiense ya fallecida, Ruth Morris, que si existía un crimen nuclear, si alguien tiraba una bomba atómica, no iba a quedar ninguno para juzgarlo. Ella me contestó que el poder punitivo es una religión porque parece resolver todos los problemas. Un falso Dios”, dijo. La represión y persecución del usuario, explicó en su disertación de cierre para las primeras jornadas universitarias sobre drogas, es otro abordaje “fundamentalista”, “absurdo” y “trágico” de los adoradores del poder punitivo mundial.

Durante las dos jornadas del flamante Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (Cecca) y la UNQ, se analizó el prohibicionismo y los intereses que lo sostienen; también las incipientes políticas soberanas y democráticas en torno a la marihuana y la hoja de coca, en distintos países de la región y en España. La nutrida concurrencia, integrada por activistas y estudiantes mayormente, se sorprendió con retratos de famosos fumones, de plantas incautadas y perejiles detenidos en allanamientos, que instaló la revista THC en los pasillos, donde Zaffaroni sería recibido como un héroe.

“La prohibición del cannabis, en Estados Unidos, fue antes que la del opio y está rodeada de una fuerte simbología social. Estuvo a cargo de los puritanos y apuntaban a estigmatizar a los inmigrantes y braseros mexicanos que fumaban. Era su formas de mostrar su supuesta superioridad cultural”, explicó el magistrado. En ese país, principal sostén del prohibicionismo en los foros mundiales, ya se había probado sin éxito criminalizar el uso del alcohol, agregó, “para perseguir a polacos, alemanes, irlandeses, protestantes y luteranos, todos con cultura de fonda”.

Y lo que dejó la ley seca, dijo Zaffaroni, fue un tendal de muertos y personas que se quedaron ciegas por beber alcohol metílico, productos de la fabricación clandestina. Con la cocaína, aclaró luego, ocurren cuestiones similares por su impureza y peor aún con el paco, “el tóxico de la miseria”, como lo definió el magistrado. Sin embargo hay algo más dañino para salud que las drogas mal cortadas. Basta imaginar el cálculo que propuso Zaffaroni: “¿Cuántos años se hubieran necesitado para que se mueran por sobredosis de cocaína las 50 mil personas que murieron en las guerras a las drogas que en los últimos seis años en México?”.

El magistrado aseguró que existe un “proteccionismo insólito del poder punitivo”, que se asocia con los que se benefician de la plusvalía de la venta de drogas y les aleja la competencia. “Los narcos financian elecciones o seleccionan candidatos, a nivel municipal o provincial, pudren la fuerza política desde las bases. Y la guerra no termina porque la plusvalía sigue. Creo que si no hubiese prohibición, habría menos muertes. El tema es cómo legalizar y hay que debatirlo porque ya es demasiado obvia la irracionalidad de la prohibición”, aseguró Zaffaroni.

“Las políticas de drogas en la región son diseñadas directamente por la DEA (el Departamento Antinarcóticos Estadounidense), no se da espacio a otras propuestas reguladoras. Y la intromisión es peligrosa: en Bolivia echaron a la DEA porque tenían bases de datos de los movimientos sociales”, alertó el diputado bonaerense, Marcelo Sain, en un primer panel sobre “el nuevo paradigma soberano” en Latinoamérica, el lunes pasado. A su lado, asentía el juez federal platense César Alvarez. “No debe haber una regulación penal de la marihuana. Es ilegal porque lo dice el legislador en la ley, pero no hay un fundamento moral que lo sea”, dijo el magistrado.

En la mesa siguiente el fiscal federal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois, trazó el diagnóstico local: “En 2012, entre el 20 y 25 por ciento de la detenciones de la Policía Federal en todo el país es por infracción a la ley de drogas. La mitad por actitud sospechosa, que es una categoría que oculta la estigmatización policial, el 38 por fumar en la vía pública, el 6 por llamados anónimos y solo el 2 por ciento por orden judicial”. Los datos provienen del Ministerio de Seguridad Nacional. “Y no menciono los extorsionados por la policía, que no llegan a ser detenidos”, aclaró.

La propagación de causas judiciales, dijo el penalista Mariano Silvestroni, responde también a una “inflación penal” que azota a muchos países del mundo. “Debemos sumar la confusión entre moral y Derecho, que muchas veces afecta derechos individuales, como el consumir sustancias, el aborto o la eutanasia”, detalló este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. El fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal, es “muy tímido” como para detener la inflación punitiva, afirmó.

La situación carcelaria de la prohibición fue analizada por Liliana Martínez, de la Procuración Penitenciaria. “Los que pretenden hacer un tratamiento dentro de las cárceles federales tienen muchos problemas de acceso. O sufren traslados o pasan a comunidades terapéuticas con enfoques moralistas y conductistas. La atención ambulatoria todavía es pequeña”, estimó. Alberto Calabrese, responsable del sector de Adicciones del Ministerio de Salud Nacional, afirmó: “Si se busca cuidar la salud, debe entenderse que la salud no se impone con prisión”.

Raquel Peyraube, una especialista uruguaya en tratamiento de usuarios problemáticos, reclamó que se extienda los programas de sustitución de drogas. “¿Si le damos metadona a los heroinómanos, por qué no darle anfetaminas a quien sufre la abstinencia de la cocaína? ¿Por qué la respuesta médica es que los usuarios dejen de consumir para tratarse o que se mueran? ¿Es ético esto? No podemos pensar en mejorar la calidad de vida. Es importante que los médicos entiendan que la medicina se nutre de la ciencia, pero es esencialmente un arte”, subrayó.

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