Página/12 :: Sociedad :: La condena social

“Lo más efectivo sería presentarse en el acto programado en la Feria del Libro y contar públicamente lo que pasó”, sostuvo Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn); “Es improbable que las autoridades de la feria lo declaren ‘persona no grata’, si no hubo condena judicial”, sostiene la titular del Comité, que actuó como querellante en diversos casos de abuso sexual, entre ellos el del cura Julio César Grassi. En todo caso, la experta destaca el valor de la “condena social”, que “ayuda a prevenir los casos de abuso sexual al generar conciencia sobre el tema y facilitar el trabajo con los niños, los docentes, los médicos”. Schulman recordó que “hay abusadores en todas las clases sociales: los ha habido entre los jueces, los fiscales, los hijos de políticos, y no fueron condenados. Es mucho más fácil que se haga justicia con un abusador de clase baja”.

–Puede estar bien hacer ese pedido a las autoridades de la Feria del Libro, pero sinceramente creo que no va a tener el resultado deseado, ya que no hay ningún fundamento jurídico que lo avale –estimó Schulman–. Creo que sería más efectivo hacer pública la situación: presentarse en el acto de la Feria del Libro, pedir la palabra, contar lo que pasó; hacer un ‘escrache’, por llamarlo de alguna manera: ponerlo públicamente en evidencia. Porque ninguna autoridad de ningún lugar va a declararlo persona no grata si no hay un dictamen judicial.

–Ese acto podría resultarles difícil a las víctimas...

–Sí, pero lo otro no tendrá la repercusión que en cambio tendrá el repudio público. Es improbable que lo declaren persona no grata; él seguramente alegará que no hay sentencia judicial y que se trata de un invento de las víctimas. Para no exponerse en público quizá haya otras opciones, tal vez una presentación escrita, pero creo que la mejor manera, para lograr el objetivo de la condena social, es presentarse. En realidad, la única reparación para las víctimas de abuso sexual es el juicio y el castigo al abusador. Si no, es muy difícil salir del lugar de víctima y seguir el desarrollo de una vida normal.

–Usted ha señalado la muy diversa condición social de los abusadores...

–Nosotros, en Casacidn, tenemos bastante experiencia. Hemos tomado varios casos de abuso sexual, especialmente en la Iglesia. Somos querellantes en el caso Grassi. Y, tomando este ejemplo, se ha logrado condena social: desde que empezó la causa hasta ahora, el sentir de la gente con respecto a Grassi ha cambiado. La condena social importa fundamentalmente para prevenir los casos de abuso sexual; crear una conciencia social de que el problema está vigente, que se da en todas las clases sociales y que hay que cuidar a los niños y a las niñas facilita trabajar con los chicos para que sepan que su cuerpo es de ellos y de nadie más, que no hay que permitir que nadie lo toque o lo toque de mala manera. Cuando uno consigue poner en evidencia a un abusador, es más fácil conseguir estas cosas.

–En casos de abuso intrafamiliar, ese alerta puede valer para maestros u otros allegados a las víctimas.

–El alerta social facilita el trabajo con los docentes, con los amigos, con alguien que vio algo y calló. Nos pasa con los médicos, que a veces no quieren denunciar estos casos, pese a que la ley los obliga a hacerlo; temen a que a su vez los acusados les hagan juicio, cosa que ha sucedido.

–No se plantea que la condena social pueda disuadir a los abusadores...

–La concientización de los abusadores no existe o es infrecuente. Y hay abusadores en todas las clases sociales. Hemos tenido casos de fiscales, jueces, hijos de políticos, que nunca fueron condenados. Son juicios eternos, las víctimas son expuestas y revictimizadas con curiosidad morbosa.

–O sea que, en cuanto a la condena, sí que rigen las diferencias de clase.

–Sí. En general es mucho más fácil condenar a un abusador de clases socioeconómicas más bajas que a los de clases más altas.

QUE SUCEDE CUANDO NO HAY CONDENA PENAL

La condena social